La Fiscalía Provincial de Madrid asegura que los sobresueldos de Podemos que se investigan en el marco del caso Neurona se cobraron de forma "trasparente" y "con control interno".
La Fiscalía se ha adherido al recurso presentado contra el auto que estableció que la gerente de Podemos, Rocío Val, no disponía de la capacidad para acordar incrementos salariales a los miembros de dicha formación política y que, por tanto, al haber aprobado en algunos casos la subida de los emolumentos podría haber incurrido en un delito de administración desleal. Para la representante del Ministerio Público, sin embargo, se trata de un caso donde se han cobrado complementos de manera "trasparente" y "con control interno".
Tras la práctica de varias diligencias, la Fiscalía reitera que el cobro de los complementos salariales "podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos", pero no es por sí un hecho típico. Explica a continuación que si la medida de incrementar los salarios se hubiera hecho mediante acuerdo con la gerente o bien a través de una propuesta ante la dirección del partido, tampoco sería constitutivo de delito. Es más, precisa incluso que no se está hablando de cantidades cobradas en "b" o en sobres, "sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido".
Para la Fiscalía, como ya ha manifestado en más de una ocasión, "no deja de extrañar" que sea la acusación popular la que sostenga la existencia de indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, en este caso el propio partido político, no se considera como tal. "Y lo hace –añade en su recurso– sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna". De hecho, llegan a solicitar que se considere a una de ellas, que certifica la regularidad de los complementos, como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal.
El mes pasado, la Fiscalía Provincial de Madrid ya presentó cinco escritos ante el titular del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, relacionados con la investigación del denominado caso Neurona. En ellos, impugnaba la imputación de la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y de toda la ejecutiva de la formación morada.