El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil no quieren pagar de oficio la parte del complemento de productividad que adeuda a los efectivos del Instituto Armado. Lo que quieren es obligar a que todos y cada uno de los componentes del cuerpo tengan que presentar un recurso para obligar al organismo a hacer efectivo un pago al que tienen derecho según una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
El alto tribunal dictaminó hace unas semanas que la productividad de los guardias civiles está directamente vinculado al complemento de destino y que, por tanto, debe actualizarse cada año, una posición que mantenía la Asociación de la Escala de Suboficiales (ASES-GC), pero no la Dirección General de la Benemérita, que consideraba que no estaba vinculado y que, entonces, no debe actualizarse anualmente.
La actualización de la productividad está parada desde el año 2016, por lo que a los agentes se les adeudaría la actualización mensual que debería haber sufrido ese complemento desde hace más de cuatro años. Los cálculos de ASES-GC son que, de media, los suboficiales a los que representan se les adeudan unos 360 euros de media. No facilita datos sobre lo que supondría para agentes de otras escalas, pero sí que el montante total podría ascender a 14 millones de euros.
La mala noticia para los agentes la ha dado este lunes la directora general del cuerpo, María Gámez, durante la celebración de un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil que había sido forzado por las asociaciones profesionales para tratar de que la Dirección General pagase de oficio las cantidades económicas pendientes y evitar así unos trámites engorrosos tanto para los agentes como para la propia administración.
La máxima responsable política del Instituto Armado ha mantenido que la sentencia del TS sólo afecta al caso particular del sargento al que ASES-GC apoyó en los tribunales y que, por tanto, no pagará de oficio la actualización de la productividad del resto de los agentes de la Guardia Civil. Serán los guardias civiles a través de recursos individuales los que deberán exigir esa actualización, lo que provocará un aluvión de recursos judiciales.
Algunas asociaciones profesionales, como la Unión de Oficiales (UO) o la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), ya han anunciado que pondrán a disposición de sus afiliados tanto abogado como procurador para todo el proceso de reclamación judicial. Otras, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) o Independientes de la Guardia Civil (IGC) van a hacer público un modelo de reclamación judicial para exigir la productividad.