El líder del Polisario se niega a firmar su citación judicial: "Tengo que contactar con la embajada de Argelia"

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se ha negado a firmar la notificación judicial para declarar el próximo 1 de junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Ghali aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argelia. Posteriormente, ingresaba en el Hospital San Pedro de Logroño con un nombre falso.

Ghali tiene que responder ante la justicia española tras la presentación de dos querellas por presuntos delitos de violación, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas, desapariciones y lesa humanidad. El líder del Frente Polisario también ha sido denunciado por una refugiada saharaui que le acusa de violación y torturas cuando ejercía como traductora con el Frente Polisario.

Según un oficio policial, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Policía notificó la semana pasada a Ghali su cédula de citación para declarar ante el juez Pedraz el 1 de junio, pero éste se negó a firmar el documento. Fuentes jurídicas apuntan que aunque se haya negado a firmar como es preceptivo, se le da por citado a nivel judicial.

Lo más grave venía después cuando afirmaba: "Para firmar o no la recepción de la notificación, quiero contactar con la embajada de Argelia y con personas de mi confianza". Según Ghali, la consulta tendría como objetivo evaluar "la conveniencia" de firmar o no su citación judicial y necesitaría "unos días".

Dicha afirmación del líder del Frente Polisario ha levantado muchas suspicacias, ya que algunos sospechan que todo podría ser una operación de Inteligencia de Argelia para poner a Marruecos en contra de España. "Si es el líder del Frente Polisario, ¿para qué tiene que contactar con la embajada de Argelia?", denuncian fuentes del caso consultadas por LD.

Recordamos que la ministra de Exteriores Arancha González Laya cuando confirmó la presencia de Ghali en nuestro territorio tras ser identificado, alegó que era "por razones humanitarias", provocando un gran malestar entre las autoridades marroquíes. De hecho, el ministro de Exteriores, Naser Burita, llegó a preguntar a España si deseaba "sacrificar su relación bilateral" por el caso de Ghali.

Apenas unas semanas después de esta advertencia, miles de inmigrantes marroquíes han comenzado a entrar masivamente en Ceuta, con la complicidad de la Gendarmería marroquí. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reforzado el despliegue en el espigón de El Tarajal y el Ministerio de Defensa ha enviado a efectivos de la Legión y Regulares de Ceuta a la frontera, junto al espigón.

El Frente Polisario anunció en noviembre que consideraba roto el acuerdo de alto el fuego firmado con Rabat en 1991 y decretaba el estado de guerra en todo el territorio en respuesta a la incursión de fuerzas marroquíes en el paso fronterizo de Guerguerat, para romper el bloqueo de activistas saharauis. Ghali responsabilizó entonces a Marruecos de todas las consecuencias que se desprendieran de su ataque en Guerguerat, imponiendo un toque de queda y subrayando que desde este momento las Fuerzas Armadas saharauis asumían el pleno control de la seguridad nacional.

Medidas de aseguramiento para Ghali

La Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos ASADEDH y el bloguero español de origen saharaui, Fadel Mihdi Breica, que presentaron las querellas contra el líder del Frente Polisario que son investigadas actualmente en la Audiencia Nacional han solicitado al juez Santiago Pedraz que acuerde medidas de aseguramiento para Brahim Ghali. Su intención es que Ghali según sea dado de alta en el hospital sea trasladado de inmediato a la Audiencia Nacional para declarar. Los querellantes quieren evitar que Ghali vuelva a eludir la acción de la justicia española por tercera vez.

En un auto, al que ha tenido acceso LD, el juez Pedraz afirma que "no procede por el momento la adopción de medidas cautelares contra el querellado y considerando que no se ha acreditado los presupuestos de las medidas cautelares interesadas máxime cuando no hay indicios claros de participación en las conductas recogidas en la querella".