El Tribunal Constitucional dictará la sentencia sobre el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra la covid-19 después de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos sobre las restricciones aplicadas por las Comunidades Autónomas. Se espera que el Supremo unifique la doctrina sobre las medidas contra la pandemia en las próximas dos semanas.
El 6 de mayo del pasado año, el Constitucional admitía a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra el real decreto del estado de alarma y sus tres primeras prórrogas. La formación de Santiago Abascal argumentaba que se habían suspendido derechos fundamentales como la libertad de reunión, la libertad de manifestación, el derecho a la educación presencial de los alumnos o a la propia libertad individual. Según Vox, el decreto habría podido vulnerar los artículos 10.1, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 35, 38, 55 y 116 de la Constitución.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el Constitucional tiene previsto resolver el recurso de Vox sobre el primer estado de alarma entre los meses de "junio y julio". Es decir, cuando el TC dicte su sentencia, el Supremo ya habría unificado doctrina sobre las restricciones que se pueden aplicar en las Comunidades Autónomas.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que la sentencia del TC "está prácticamente terminada" y se "están cerrando los últimos flecos". "Será una sentencia responsable, que no ponga patas arriba el país y no será una sentencia de máximos", apuntan. Es decir, el Alto Tribunal previsiblemente no aceptará o rechazará todas las posibles tachas de inconstitucionalidad planteadas por Vox en su recurso y por lo tanto, se podrían considerar constitucionales algunos preceptos del decreto del Ejecutivo y otros no.
"Los asuntos del Constitucional van en paralelo a los del Supremo. Cada tribunal tiene sus tiempos" apuntan las mismas fuentes que dejan claro que el fallo sobre el estado de alarma será posterior a la resolución del Supremo sobre las restricciones únicamente por una cuestión temporal y no porque el TC esté esperando a que resuelva antes el Supremo.
Cabe destacar que el magistrado del Alto Tribunal encargado de la ponencia sobre el estado de alarma es el conservador Pedro González Trevijano, que se hizo cargo del asunto el pasado mes octubre. Cuando el Alto Tribunal admitió a trámite el recurso de Vox en mayo del pasado año, la redacción de la sentencia fue encomendada al magistrado progresista Fernando Valdés, que se vio obligado a abandonar el TC tras verse involucrado en un caso de violencia doméstica. El cambio de magistrado ponente ha propiciado el retraso en la primera sentencia sobre el estado de alarma.
González Trevijano ha sido ponente también de la sentencia que ha declarado inconstitucional el mandato del Gobierno para incluir a Pablo Iglesias y a Iván Redondo en la comisión del Congreso sobre el CNI. El mismo magistrado ha resuelto recientemente el recurso del exconsejero catalán Jordi Turull contra la sentencia sobre el 1-O en favor del Supremo y también es el ponente del recurso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras sobre el mismo asunto.
Por otro lado, el magistrado conservador Antonio Narváez será el encargado de redactar la sentencia sobre el segundo estado de alarma. Esta resolución no se espera hasta después del verano, una vez se resuelva el recurso sobre el primer estado de alarma.
El polvorín del TC: González Rivas y Conde-Pumpido
Tal y como desveló este diario el Tribunal Constitucional está viviendo una situación muy "difícil y complicada" en los últimos meses cuyo máximo responsable es el presidente Juan José González Rivas, que ha forjado una solida amistad con el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido.
Una de las cuestiones que más indigna a los miembros del Constitucional es que el presidente desde que llegó al cargo en marzo de 2017 "no ha ordenado llevar al pleno un borrador sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado hace 11 años contra la Ley del Aborto. En sus cuatro años de mandato, "González Rivas no ha solicitado al magistrado ponente un borrador para que al menos pueda ser debatido", apuntaban. No sólo se encuentra el caso del aborto, también sucede lo mismo con el recurso de inconstitucionalidad presentado hace 6 años contra la Prisión Permanente Revisable".