Magistrados del Supremo "asesoraron a escondidas" al Gobierno en el decreto para después del estado de alarma

Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala Tercera) del Tribunal Supremo "asesoraron a escondidas" al Gobierno de Pedro Sánchez en el nuevo decreto-ley. Esta norma fue aprobada la semana pasada el día de las elecciones autonómicas madrileñas del 4-M por el Consejo de Ministros para su entrada en vigor después del estado de alarma.

Dicho decreto-ley permite que las restricciones de las CCAA puedan ser recurridas ante el Supremo para supuestamente unificar doctrina. Previamente, dichas restricciones tendrán que ser estudiadas por los respectivos tribunales superiores de justicia de cada región. No obstante, la legislación para hacer frente a la pandemia sigue siendo prácticamente inexistente, tal y como han denunciado el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, César Tolosa, y el Gabinete Técnico del Alto Tribunal.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que existe un "enfado monumental" entre los propios magistrados de la Sala Tercera. "El decreto-ley del Gobierno ha salido de aquí", afirman entre bambalinas por la traición de sus propios compañeros. "Uno o varios magistrados han sido colaboracionistas del Gobierno y han mantenido un contacto fluido con el Ejecutivo a escondidas para elaborar el decreto-ley sobre la pandemia de la covid-19", añaden.

Los magistrados de lo Contencioso están realizando sus propias pesquisas internas para intentar encontrar al topo del Gobierno, ante lo que consideran un acto de tremenda deslealtad, ya que los primeros perjudicados por esta norma son los propios magistrados de la Sala Tercera. En círculos internos, se han puesto varios nombres de magistrados del denominado sector progresista encima de la mesa como sospechosos. No obstante, hasta el momento "no se ha podido localizar todavía a los responsables que han asesorado al Ejecutivo, ideando o incluso redactando el decreto-ley", apuntan.

Cabe destacar que el enorme malestar viene causado por el hecho de que dicha colaboración se haya producido con total opacidad, sin conocimiento de la institución y de todos los ciudadanos. "Es normal e incluso positivo que el Gobierno de la nación pueda acudir públicamente a solicitar ayuda y asesoramiento de los magistrados del Supremo creando una comisión con este objetivo. Lo que no es normal es que se haga de tapadillo", denuncian.

En este contexto, el artículo 389.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ establece que "el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido". La misma LOPJ considera que dicha falta es "muy grave". Es decir, asesorar al Gobierno acarrea para el juez que cometa esta irregularidad "multa, suspensión o separación del servicio".

A pesar de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó en rueda de prensa el martes que el Supremo estaba informado del decreto-ley, fuentes del propio CGPJ aseguran a este medio que el presidente en funciones del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, así como el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Cesar Tolosa, "se enteraron por la prensa". Recordamos que el Ejecutivo ha tramitado estas medidas como decreto-ley para evitar el informe del CGPJ.

Cabe destacar que el enfado en los magistrados de la Sala de Contencioso es doble. Por un lado, por la citada traición de sus compañeros y por otro, porque consideran que "el Gobierno ha eludido sus funciones de legislar y ha derivado todo el problema en los jueces del Supremo".

Malestar público de la Sala de lo Contencioso

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, César Tolosa, alertaba la semana pasada en una entrevista en Efe del "déficit importante" que existe en la legislación sanitaria de urgencia para luchar contra la pandemia de la covid-19 y opinaba que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema". "Los jueces no estamos para gobernar ni para adoptar decisiones administrativas, sino que corresponde asumirlas a los poderes públicos sin perjuicio de que, posteriormente, el control se produzca por la vía de la posible impugnación", afirmaba en clara alusión al Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, el Gabinete Técnico del Supremo emitía un primer informe sobre el decreto-ley denunciando "el problema de la posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada (decreto-ley) para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales". Además, expresaba dudas sobre la posibilidad real de poder cumplir con los plazos establecidos por el decreto-ley, que son más cortos que los habituales, debiendo resolver el Supremo en unos ocho días, sumados los tres de traslado a las partes para que aleguen y los cinco posteriores para que el TS dictamine.