Todos a una. Los golpistas encarcelados por la asonada separatista de otoño de 2017 quieren salir a la calle cuanto antes, vía que pasa por el indulto, pero no quieren tener nada que ver en el trámite de la concesión de la medida de gracia. Asumen los postulados de sus partidos, ERC y Junts per Catalunya (JxCat) de que la petición del indulto implica el reconocimiento del delito y exigen una amnistía.
El Tribunal Supremo comunicó el pasado miércoles a las defensas de los golpistas presos que disponían de cinco días para presentar alegaciones a favor del indulto. El primero en reaccionar fue el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien en un furibundo mensaje en Twitter calificó el indulto de "humillación". Cuixart estaba eufórico tras haber sido calificado de "preso político" por el New York Times en una pieza que criticaba la supuesta dureza de las penas por el delito de sedición en España.
El resto de los condenados esperó a reunirse con sus abogados para pronunciarse. Y la respuesta ha sido que no presentarán alegaciones porque "no se sienten interpelados por el Tribunal Supremo". Dicen, además, que es la primera vez que el Tribunal Supremo pide alegaciones a los aspirantes al indulto.
Tales alegaciones son el último trámite en el Tribunal Supremo antes de que envíe su informe al Gobierno, quien será quien tenga la última palabra. Las defensas de los golpistas creen que el Consejo de Ministros podría conceder los indultos a finales de este mes, una medida de gracia que obligaría al Rey a estampar su firma en el decreto.
Nueva investigación judicial
Por otra parte, el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona ha abierto una nueva causa en torno al proceso separatista en la que figuran como imputados el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, el exsecretario del Diplocat, Albert Royo, el exsecretario del Govern, Víctor Cullell, el exsecretario de la consejería de Exteriores, Roger Albinyana, y otros seis exaltos cargos por malversación de fondos públicos en la internacionalización del intento secesionista, prevaricación y falsedad documental.
La investigación de este juzgado parte de una querella de la Fiscalía tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del Diplocat y la consejería de Exteriores.