La imaginación de los altos cargos de la Generalidad no tiene límites cuando se trata de poner excusas frente a los órganos de fiscalización del Estado. Así, el que fuera delegado de la Generalidad en Londres cuando el golpe de Estado, Sergi Marcén, ha alegado ante el Tribunal de Cuentas que no se dispone de los justificantes de gastos porque en una remodelación de las instalaciones en el mes de junio de 2017 la persona contratada para la limpieza tiró todos los papeles, facturas, justificantes y resguardos relativos al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017.
Según informa El Confidencial, ha sido imposible recuperar esta documentación, razón por la que la "embajadeta" de la Generalidad en Londres no dispone de ninguna factura de ese periodo, especialmente intenso ya que Carles Puigdemont, el entonces consejero de Relaciones Exteriores, Raül Romeva, o el aspirante a presidir la Generalidad por ERC, Pere Aragonès, cursaron visitas al Reino Unido para dar conferencias sobre el proceso separatista o pedir dinero para una hipotética republica catalana, función de la que se encargaba Aragonès.
En total, hay 174.743,42 euros de gasto que no se han podido justificar. A ese dinero gastado en Londres hay que sumar otras partidas en otras delegaciones de la Generalidad en el extranjero que tampoco se han podido justificar y suman un total de 302.793,51 euros. Un informe del Tribunal de Cuentas apunta porque ejemplo que en la oficina autonómica en los Estados Unidos no se han justificado 41.871 euros o que tampoco se ha podido dar cuenta de 22.724 euros gastados en la "embajadeta" de Viena.
En estos casos, la excusa de la Generalidad es casi tan delirante como la del personal de limpieza de Londres puesto que culpa al Estado y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución de la falta de justificantes de gastos. Según un papel remitido al Tribunal de Cuentas, 2017 sería el único año en el que falta documentación y eso sería por la supresión de las delegaciones de la Generalidad al amparo del 155. El despido del personal habría imposibilitado la ejecución de las tareas burocráticas que demostrarían el destino de los recursos públicos que la Generalidad destinaba a sus "embajadas".
Entre los gastos que sí ha podido detectar el Tribunal de Cuentas se hallan pagos a la London School of Economics para que acogiera conferencias de dirigentes separatistas y vetara las de contrarios a la secesión y hasta donaciones a entidades para evitar la extinción de las jirafas.