Los dos arrestados el pasado 15 de abril por agredir a la Policía en un mitin de Vox en Vallecas (Madrid) son "escoltas encubiertos" del líder de Podemos, Pablo Iglesias. El propio Iglesias aseguraba este sábado que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que "ninguno ha sido detenido". Mientras, el líder de la formación morada reconocía que en aquellos incidentes un miembro del partido Unidas Podemos que es de Vallecas, sí fue detenido.
Fuentes del entorno de Podemos aseguran a Libertad Digital que los dos arrestados "no eran personal de seguridad oficial, sino empleados del partido que son contratados para otros servicios, pero a los que se les asignan tareas de vigilancia y acompañamiento. Es decir, escoltas encubiertos que incumplen con la Ley de Seguridad", por eso, Iglesias ha negado que fueran escoltas oficiales del partido. "Podemos lleva incumpliendo la Ley de Seguridad Privada desde hace años", añaden.
Fuentes policiales consultadas por este diario descartan que la ocultación de la información de los dos "escoltas encubiertos detenidos" sea responsabilidad de la titular del Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid, Patricia Jiménez-Alfaro, que instruye la causa, y apuntan al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.
El artículo 38 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada establece que "los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada. Los vigilantes de seguridad, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados". El incumplimiento de dicha Ley puede acarrear sanciones administrativas de hasta 600.000 euros.
Tal y como desveló LD el pasado mes de febrero, el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, permitió que Podemos incumpliera la Ley de Seguridad Privada desde el año 2014. Este medio publicaba en exclusiva un email enviado el 27 de octubre de 2014 por el entonces director de Seguridad de Podemos, Sergio Illanes, alias Manzana, a la entonces cúpula del partido. Concretamente, a Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre.
En dicho correo electrónico, el director de Seguridad del partido alertaba a Iglesias y al resto de dirigentes de la formación morada de que en sus apariciones públicas no hablasen en ningún momento de personal de seguridad del partido, porque al no haber contratado a una empresa de seguridad les "podría acarrear problemas".
Tres días después, el 30 de octubre de 2014, Iglesias contestaba dicho email con un escueto "ok". Es decir, el líder de Podemos permitió que su formación incumpliera la Ley de Seguridad Privada, camuflando a personal del partido que desempeñaba la función de escolta como personal de logística y apoyo.
Tal y como publicó este diario, tras estallar el caso de la escolta-recadera de Irene Montero, la entonces responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, solicitó el 25 de noviembre de 2019 al partido toda la documentación sobre la escolta porque "la Policía estaba investigando la posible contratación ilegal de la trabajadora por parte de Podemos como escolta, infringiendo así la Ley de Seguridad Privada, por lo cual consideré que los hechos eran muy graves, podían ser constitutivos de infracción y debía investigarlos". La respuesta fue su despido fulminante una semana después.
"Las empresas de seguridad eran fascistas y del PP"
Fuentes de Podemos aseguraron a este diario que Pablo Iglesias, Iñigo Errejón e Irene Montero disponían de "personal de escolta" que ejercían funciones de seguridad y protección de personas, "contratados por el partido y no a través de empresas de seguridad privada, tal y como exige la Ley".
"Todo esto lo sabía Iglesias, pero no querían contratar a empresas privadas porque opinaban que los empleados de estas compañías eran fascistas y que estaban gestionadas por gente con mucho dinero próxima al Partido Popular", apuntaban.
"Contó con la complicidad de los miembros del partido para evitar cumplir la ley, camuflando sus funciones con el eufemismo de 'personal de logística y apoyo', y detallando que hacían funciones de chófer, control de agenda y asistente personal, que también lo hacían, pero en el fondo actuaban como 'escoltas'. Todos tenía la correspondiente titulación de escoltas y si realmente fueran asistentes administrativos no se les hubiera requerido el título para ser contratados por Podemos", añadían las mismas fuentes.