La Asociación de Fiscales AF se ha rebelado contra la Ley de Memoria Democrática. El Consejo Fiscal ha aprobado este jueves, con un ajustado apoyo del bloque progresista de este órgano, un informe favorable al Anteproyecto de esta Ley gracias al voto determinante de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Los vocales de la Asociación de Fiscales, de corte conservador, presentaban un texto alternativo que pone serios reparos a la norma impulsada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Entre otros motivos por la indefinición que la ley da a la labor que deben realizar los fiscales en este ámbito, ya que no queda muy claro si tendrán una función tuitiva (de amparo a las víctimas), supervisión de organismos públicos o de tipo penal. Finalmente, el texto que avala la ley ha recibido el apoyo de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales, del jefe de la Inspección Fiscal -miembro nato-, y de la fiscal general, que ha desecho el empate existente.
El nuevo anteproyecto, pretende, según su Exposición de Motivos, "fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana", y proporcionar una reparación integral de las víctimas mediante el desarrollo de "las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado".
Entre otros aspectos, la ley contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; o la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos, además de la significación del Valle de los Caídos, de donde saldrán los benedictinos.
Los vocales electivos del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales, tras analizar el Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática han puesto de manifiesto en un comunicado que "la sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica. Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial".
Según la AF, "la redacción confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del Anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, en este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria".
"Las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento. La Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación", concluye la Asociación de Fiscales.
Fiscalía al servicio de la Memoria Histórica
Tal y como publicó LD, Delgado dejó sin efecto el pasado mes de agosto una orden del Ministerio Público del año 2016 para que Argentina no investigase posibles crímenes cometidos durante el franquismo que fueron amnistiados. Dicha orden fue invalidada con una nota informativa interna distribuida en pleno verano el pasado 4 de agosto.
Según la nota interna informativa de Delgado, "es responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así como a los nuevos paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional".
"El mantenimiento", añadía Delgado, "de una interpretación que en la práctica supondría la imposición de una cortapisa general o automática frente a las solicitudes de asistencia judicial para la realización de actos de investigación o su abordaje desde una perspectiva exclusivamente nacional, sin integrar en el principio de legalidad otras exigencias derivadas de la legalidad internacional, podría entrar en contradicción con el principio de buena fe y de interpretación más acorde a la consecución del objetivo del mencionado tratado bilateral, cuyas disposiciones favorecen decididamente la asistencia mutua".