La titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid, Cristina Díaz, ha imputado a la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por intentar expoliar a la Familia Franco bienes del Pazo de Meirás. Benito será investigada por posibles delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal.
La Audiencia Provincial de La Coruña revocó la semana pasada el auto del Juzgado de Primera Instancia nº 1 que ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del Pazo de Meirás. El tribunal estimaba así el recurso presentado por la familia Franco y dejaba sin efecto la medida cautelar acordada a petición de la Administración, a la que condenaba además a indemnizar a los recurrentes por los daños y perjuicios que les hubiese ocasionado la orden anulada.
Según el auto del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en la querella presentada por los Franco se relatan "hechos que pudieran ser constitutivos de delito, debiendo incoarse diligencias previas para la averiguación de la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento".
La familia Franco sostiene que el pasado 27 de noviembre la jefa del Servicio de Conservación de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional "extralimitándose en sus funciones y sin que mediara orden o resolución judicial habilitante, elaboró el 'Informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás'. Dicho informe afirmaba "indubitadamente, que los bienes muebles relacionados en el mismo e inventariados en el Pazo de Meirás proceden, sin género de dudas, de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad y que, por tanto, serían titularidad de dicho ente público".
"Aquella indubitada afirmación", añade la querella, "choca frontalmente con la realidad, en tanto en cuanto aquellos muebles no pertenecen a Patrimonio Nacional, no constando en el inventario correspondiente, extremos comprobables en cualquiera de las actuaciones que se solicitaron de la misma. Habiéndose omitido aquella realidad, cuando no se ha efectuado por la querellada, con la diligencia y rigor que corresponde a la peritación, autoproclamada por ella misma, ni a ninguna información ni auxilio, la comprobación sobre el origen de las piezas concretas cuya titularidad pretende atribuir al Patrimonio Nacional, si fueron comprados, donados o regalados, sino que se limita a hacer una genérica afirmación de aquella titularidad sin fundamento que lo sustente".
Pilar Benito señalaba en su informe de 19 páginas "Bienes muebles de la primera mitad del siglo XX de carácter institucional", que existe una serie de bienes como muebles, vajillas o tapices "que claramente fueron creados para su adorno en los primeros años de uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del entonces jefe del Estado. Todos ellos fueron realizados por la ya mencionada Fundación Generalísimo Franco, Industrias Artísticas Agrupadas, a excepción de una alfombra tejida en la Real Fábrica de Madrid".
La jefa de Conservación de Patrimonio Nacional afirmaba "implícitamente" que la producción de la Fundación Generalísimo Franco sería de Patrimonio Nacional, omitiendo "conscientemente, que mediante la Ley 23/1982 de 16 de junio, reguladora de Patrimonio Nacional la citada Fundación Generalísimo Franco de Industrias Artísticas Agrupadas quedó excluida del ámbito de aplicación de dicha ley y de su paraguas regulador y del precitado ente público".
Precisamente, este jueves el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Coruña ha acordado conceder a la familia Franco el plazo de un mes para la retirada "de las cosas, bienes u objetos" que hay en el interior del pazo de Meirás.
Informe no amparado en ninguna resolución judicial
En la misma querella de la familia Franco, se recuerda que el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Coruña ordenó el 9 de noviembre únicamente la realización de un inventario que abarcase la totalidad de los bienes existentes, tanto en el interior, como en el exterior, de la finca reivindicada (Pazo de Meirás).
"Las funciones de la querellada, en aquella diligencia de inventario, eran las de auxilio a los técnicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Junta de Galicia. No existe resolución judicial que ampare la actuación de la querellada fuera de las funciones de auxilio dispuestas, por lo que la elaboración de un dictamen pericial o anejo al mismo, distinto de lo ordenado, supone una extralimitación de la actuación encomendada", destaca la querella.
"La querellada no formó parte del meritado grupo de especialistas a instancias de la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia 1 de los de este partido, sino que su intervención en aquellos autos fue a instancias de la Abogacía del Estado, en labor de auxilio a los peritos judicialmente nombrados y su nombre fue propuesto sorpresivamente en el propio acto de inventario de bienes muebles del Pazo de Meirás, por lo que dicha afirmación es incompatible con la verdad", concluye.