La asociación GOBIERNA-TE que preside la exdirigente de Vox, Cristina Seguí, ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra por posibles delitos contra la integridad moral, encubrimiento, obstrucción a la justicia, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La Audiencia Provincial de Valencia confirmó el pasado mes de marzo la condena a cinco años de prisión por un delito de abusos sexuales con prevalimiento a M., de 16 años para Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de Mónica Oltra y educador de menores en un centro dependiente de la Generalidad, en el que cometió el delito sobre una chica interna.
Según la querella, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, "en el tiempo de los hechos M. era una niña tutelada por la administración pública Valenciana, en particular por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la que la Sra. Oltra es titular desde el 30 de junio de 2015. El Sr. Ramírez Icardi era en el momento de los hechos el marido y pareja sentimental de la Sra. Oltra, máxima responsable de la tutela de M., tal y como establece el art. 1 del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas".
El escrito sostiene que "resulta ya evidente" que cuando la Sra. Oltra tuvo conocimiento de los hechos de los que estaba siendo acusado su marido en agosto de 2017, así como de la pendencia y tramitación de un procedimiento penal por los mismos, "empezó a ‘dar instrucciones’, a lo que se está refiriendo a todas luces es a las órdenes que dio para orquestar un bien denominado Expediente Parajudicial dirigido por su directora territorial en Valencia e Instruido por la Sra. Navarro cuyo objeto siempre fue desacreditar a la menor y minar su credibilidad a los claros efectos de encubrir los deleznables actos cometidos por su pareja y obstruir así la acción de la Justicia".
La asociación GOBIERNA-TE también denuncia que Oltra obstruyó "la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su obligación de actuar de oficio ante el conocimiento de la posible comisión de un delito, en este caso de abuso sexual a una menor tutelada. Todo ello, con la clara intención de sustraer a la pareja sentimental de la consejera de la acción de la justicia, encubriendo sus despreciables y ya condenados actos".
"La Sra. Oltra cometió prevaricación al dar instrucciones conducentes a la práctica de la Información Reservada estando pendiente un procedimiento penal por los abusos, pendencia que ella ha declarado conocer desde primeros de agosto de 2017, y cuya tramitación penal es de absoluta preferencia a la vía administrativa", concluye la querella. En las próximas semanas, el TSJ de Valencia deberá decidir si la admite a trámite.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia
La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia consideró probado que la joven, nacida el día 28 de mayo de 2002, se hallaba tutelada por la Generalidad Valenciana desde que fuera declarada en situación de desamparo por resolución administrativa, y que en ese centro, donde trabajaba como educador el reo, la menor, "durante determinados periodos de tiempo en el año 2016 y principios del año 2017, y como consecuencia de un mal comportamiento o que no cumplía con la normativa, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada".
"En fechas que no se han concretado, pero entre dos y diez ocasiones, el reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos y le pedía que le hiciera una masaje, pues confiaba en el mismo", añadían los hechos probados. El condenado masajeaba a la chica "en la zona del cuello y la espalda y, una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación".