La Fiscalía acusa de discriminación a la Generalidad por no vacunar a guardias civiles y policías nacionales

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pide que la Generalidad comience a vacunar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña tal como marca el plan de vacunación frente al coronavirus diseñado por el Ministerio de Sanidad y aprobado por las Comunidades Autónomas.

A petición del TSJC, el Ministerio Público ha presentado un escrito en el que destaca la "clara e injustificada situación de discriminación" de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la campaña de vacunación dirigida por el departamento de Salud de la Generalidad, en manos de ERC.

La actuación del TSJC viene motivada por la demanda de los sindicatos policiales Jupol (Justicia Policial) y Jucil (Justicia para la Guardia Civil), que denuncian que mientras en otras regiones se ha vacunado al 75% de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en Cataluña sólo han recibido la primera dosis de la vacuna un 15% frente al 80% de Mossos y policías locales.

Según el escrito de la Fiscalía citado por El Mundo, "resulta obvio que, de ser ciertos los hechos alegados, se habría causado, o se estaría causando, además de un patente incumplimiento normativo, una clara e injustificada situación de discriminación por parte de la administración sanitaria catalana demandada, respecto de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional que prestan sus servicios en Cataluña en relación con otros cuerpos de seguridad (autonómico y locales) de la misma comunidad autónoma". Además, la Fiscalía pide al TSJC que como medida cautelar obligue a la Generalidad a vacunar a los agentes de los citados cuerpos.

La demanda de los sindicatos va dirigida contra la consejería de Salud, pero quien responde en nombre de la Generalidad es el consejero de Interior, Miquel Sàmper, de Junts per Catalunya (JxCat), quien alega que la Delegación del Gobierno les remitió un censo incorrecto, el retraso en la llegada de vacunas y la suspensión temporal del inyectable de AstraZeneca.

Sea como fuere, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, asumió en rueda de prensa que la Generalidad era la única administración regional que no estaba vacunando a policías nacionales y guardias civiles y que sería el Ministerio de Interior quien se haría cargo.

Además de la demanda por la vía contenciosa, Jupol y Jucil han presentado una denuncia en el juzgado en el que imputan a la consejería de Salud un delito de prevaricación y contra los trabajadores por retrasar la vacunación de policías y guardias civiles cuando ya ha sido vacunada la práctica totalidad de las plantillas de Mossos y policías municipales.