Dura resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no sólo accede a las medidas cautelares demandadas por dos sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil para que los agentes de estos cuerpos sean vacunados por la Generalidad, sino que da un plazo de diez días para que haya un mismo número de policías nacionales y guardias civiles vacunados que de mossos y policías locales.
Además, exige a la consejería de Salud que le informe del cumplimiento de la orden judicial dos días después de que concluya el plazo y le impone el pago de las costas procesales. En la resolución, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo avisa a la Generalidad de que "sin excusa alguna garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación, contra el coronavirus 19, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña".
Además, el TSJC ha acordado notificar personalmente el auto a la titular del departamento de Salud, la republicana Alba Vergès y le advierte de que en un plazo máximo de cinco días deberá informar de la persona responsable del cumplimiento del mandato judicial. Caso de que no aporte esa información, el TSJC considerará responsable a la propia consejera.
A petición del TSJC, la fiscalía había presentado un escrito en el que destacaba la "clara e injustificada situación de discriminación" de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la campaña de vacunación dirigida por el departamento de Salud de la Generalidad, en manos de ERC.
La actuación del TSJC viene motivada por la demanda de los sindicatos policiales Jupol (Justicia Policial) y Jucil (Justicia para la Guardia Civil), que denuncian que mientras en otras regiones se ha vacunado al 75% de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en Cataluña sólo han recibido la primera dosis de la vacuna un 15% frente al 80% de Mossos y policías locales.
Discriminación
Según el escrito de la Fiscalía citado por El Mundo, "resulta obvio que, de ser ciertos los hechos alegados, se habría causado, o se estaría causando, además de un patente incumplimiento normativo, una clara e injustificada situación de discriminación por parte de la administración sanitaria catalana demandada, respecto de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional que prestan sus servicios en Cataluña en relación con otros cuerpos de seguridad (autonómico y locales) de la misma comunidad autónoma". Además, la Fiscalía pide al TSJC que como medida cautelar obligue a la Generalidad a vacunar a los agentes de los citados cuerpos.
La demanda de los sindicatos va dirigida contra la consejería de Salud, pero quien ha respondido en nombre de la Generalidad es el consejero de Interior, Miquel Sàmper, de Junts per Catalunya (JxCat), quien alega que la Delegación del Gobierno les remitió un censo incorrecto, el retraso en la llegada de vacunas y la suspensión temporal del inyectable de AstraZeneca.
Además de la demanda por la vía contenciosa, Jupol y Jucil han presentado una denuncia en el juzgado en el que imputan a la consejería de Salud un delito de prevaricación y contra los trabajadores por retrasar la vacunación de policías y guardias civiles cuando ya ha sido vacunada la práctica totalidad de las plantillas de Mossos y policías municipales.