La asociación Abogados Catalanes por la Constitución ha presentado una ampliación de la denuncia contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y varios miembros y exintegrantes del Ayuntamiento de la Ciudad Condal por subvencionar con hasta 3,4 millones euros a entidades afines. Dicha asociación añade a los posibles delitos ya denunciados de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, el delito de organización criminal.
La Fiscalía Provincial de Barcelona ordenaba el pasado mes de marzo abrir una investigación a la alcaldesa de Barcelona por estas supuestas concesiones irregulares a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética, Ingeniería Sin Fronteras o el Observatorio Desc (Derechos económicos, sociales y culturales). En algunas de las citadas entidades, trabajaron los exconcejales en Barcelona Jaume Asens, portavoz de Podemos en el Congreso; Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso; así como la propia Colau antes de ser elegida alcaldesa de Barcelona. En el patronato del Observatori figura también Gonzalo Boye, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y abogado de Torra, Puigdemont, Laura Borràs y el narco Sito Miñanco.
Dicha ampliación de denuncia se basa en el presunto incumplimiento de su deber de abstención ante el posible conflicto entre sus intereses por parte de Ada Colau, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Gala Pin, Vanesa Valiño, Laia Ortiz, Laura Pérez Castaño y Eloi Badia, que pudieron formar parte de los órganos de decisión como la Comisión de Gobierno Municipal, en la concesión de subvenciones y firmas de convenios y contratos de estudios, informes o servicios con L’Observatori Desc desde 2015.
Los denunciantes consideran que podría existir un posible delito de organización criminal o grupo criminal, según los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado, que incluyen entre otros, la existencia de un grupo de personas más o menos numeroso, el reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo, una actuación prolongada en el tiempo o indefinida y la comisión de actos delictivos graves.
Recordamos que tanto Jaume Asens como Gerardo Pisarello son actualmente diputados en el Congreso, por lo que si en caso de procesamiento judicial, el caso llegaría al Tribunal Supremo, dada la condición de aforados de ambos. En la denuncia inicial, se ponía de manifiesto la concesión de subvenciones presuntamente irregulares por valor de 3.433.621 euros, correspondiendo 1.201.892,66 euros, al Observatorio DESC, y 645.692,65 euros a Ingenieros sin Fronteras. Estas subvenciones fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias.
"Reiteración en la concesión de subvenciones directas"
Manuel Miro, portavoz de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución sostiene que "las presuntas irregularidades detectadas y que son objeto de esta ampliación de la denuncia comprenden la reiteración en concesión de las subvenciones directas y continuadas en el tiempo, sin concurrencia pública, de forma recurrente y no excepcional y sin acreditar el interés público, y la falta de justificación del carácter extraordinario exigido por ley dado se conceden sucesivamente en el tiempo de forma ordinaria".
Ante la afirmación de Colau de que esta subvención se inició en el periodo de Trías, Miro recuerda que "ambas atañen sólo al periodo del mandato de Ada Colau, y no al anterior mandato ya que esta subvención en ningún caso habría tenido entonces el carácter de recurrente, por tratarse de la primera ayuda otorgada por el Consistorio a las Asociaciones implicadas, y por la misma razón el ex alcalde Trías no se encontraría en situación de deber de obligada abstención o inhibición, al no haber tenido ninguna vinculación con el entramado asociativo aludido tanto en la denuncia en curso como en la ampliación presentada ahora".