La plana mayor de los gobiernos de la Generalidad entre los años 2011 y 2017 deberá desfilar por el Tribunal de Cuentas el próximo 29 de junio para responder por los gastos en la difusión del proceso separatista en el extranjero. Finalizada la instrucción de los hechos recogidos en los informes de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, se convoca a los supuestos responsables para la práctica de la liquidación provisional.
La convocatoria afecta también a "Sociedad Civil Catalana" y "Abogados Catalanes por la Constitución", que fueron quienes emprendieron las acciones legales así como a la Abogacía del Estado, la Fiscalía y los servicios jurídicos de la Generalidad y el Diplocat, el ente de la Administración Autonómica que coordinaba la llamada "acción exterior" del gobierno autonómico.
Los cálculos más modestos y favorables a los expresidentes, exconsejeros y altos cargos regionales estiman en 20 millones de euros la cantidad despilfarrada en embajadas y actos propagandísticos en el extranjero durante los años de preparativos del golpe de Estado que culminó en otoño de 2017.
Sin embargo, las aproximaciones más realistas exceden con mucho esos 20 millones si se cuentan los sueldos del personal destinado a las delegaciones de la Generalidad, el alquiler de los inmuebles, las invitaciones a personalidades extranjeras a Cataluña por parte del Diplocat y los costes totales relativos a la red "diplomática" de la Generalidad, una trama que tras el decaimiento del 155 se ha reconstruido y ampliado con nuevas "embajadas".
Secretarios, "embajadores" e interventores
Artur Mas, Carles Puigdemont, los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turull, los de Economía Oriol Junqueras y Andreu Mas Colell y el de "Asuntos Exteriores" Raül Romeva son los citados que ostentaron mayor rango. Después figuran secretarios generales de la administración autonómica como Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Lluis Betran, Albert Carrers, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villòria, las interventoras generales Maria Vidal y Rosa Vidal, los interventores delegados Jordi Serra, Javier Acín, Virginia Astigarraga y Francesc Cubel, el secretario general del Diplocat, Albert Royo, y los que ejercieron como delegados de la Generalidad en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.
La liquidación de los gastos en materia de promoción exterior del proceso es complementaria a la llevada a cabo por el referéndum ilegal de 2017, que se saldó con el pago de 4,1 millones de euros por parte de los principales acusados por el golpe de Estado. El dinero salió de las colectas realizadas por las entidades y los partidos separatistas.