El juicio previsto para finales de mayo contra los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que trataban de ayudar a Puigdemont a cruzar Alemania sin ser detenido, el 25 de marzo de 2018, ha provocado una singular nota de apoyo a los acusados por parte de sindicatos y grupúsculos de mossos separatistas. Mossos Guilleries, ADIC Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes, Bloc públic independentista, Mossos per la República Catalana, Mossos per la Democràcia, Sindicat de Mossos d’Esquadra y el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya son los firmantes de un comunicado en el que acusan a algunos de sus mandos de "deslealtad al Cuerpo de Mossos d'Esquadra y al pueblo de Cataluña".
La nota alude al juicio al que serán sometidos los agentes Carlos de Pedro López y Xavier Goicochea Fernández en la Audiencia Nacional acusados de encubrimiento por haber prestado apoyo logístico al fugado Puigdemont cuando trataba de cruzar Alemania de vuelta a Bruselas tras una "excursión" a Helsinki. El juez Pablo Llarena aprovechó tal circunstancia para reactivar la euroorden contra el expresidente de la Generalidad y los citados De Pedro y Goicochea fueron llamados por el entorno de Puigdemont para que lo fueran a buscar a Estocolmo y lo trasladaran en coche a su guardia de Waterloo. Como es sabido, la policía alemana detuvo a Puigdemont nada más cruzar la frontera.
La Fiscalía pide para los dos agentes tres años de prisión. Pero según los firmantes del comunicado, no hubo encubrimiento y a quien se tendría que juzgar por prevaricación es al juez Llarena por haber utilizado supuestamente los recursos del Citco (Centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado" para detener a Puigdemont "sin motivo".
Según estas organizaciones, Puigdemont es el "presidente legítimo", siempre ha estado a disposición de la justicia y los dos mossos que serán juzgados "no ejercían ninguna función policial, simplemente hacían un acompañamiento del Presidente (sic) en una acto de generosidad y responsabilidad personal hacia nuestras instituciones".
En el comunicado se alude de manera indeterminada a "mandos que elaboran atestados con finalidades poco claras" y se pone como ejemplo el caso de la documentación que fue interceptada por la Policía Nacional cuando iba camino de ser destruida en una incineradora, un episodio de octubre de 2017, en pleno golpe de Estado. Entre la documentación que se incautó la Policía Nacional había informes de seguimientos a políticos, periodistas, abogados y otros profesionales no afines al proceso separatista.
Los firmantes, que mostraron su satisfacción en otro comunicado por la absolución del major Trapero, exigen ahora una purga en la cúpula contra aquellos mandos no suficientemente implicados con la causa independentista. Los miembros de las organizaciones mencionadas gozan de tal protección que no han sufrido jamás ningún expediente, a diferencia de lo que ha ocurrido con los mossos a los que se ha acusado de constitucionalistas.