Baltasar Garzón quiere volver a la judicatura el próximo mes de mayo. El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional fue condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa, tras ordenar la grabación ilegal en la cárcel de las conversaciones entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados.
La condena conllevaba la "pérdida definitiva" del cargo que ostentaba, así como "la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que "Garzón ha explicado a su entorno sus intenciones de volver a ser juez. Concretamente, en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, si la actual magistrada María Tardón es elegida vocal en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o bien en el nº1 si saliera la plaza de su titular Francisco de Jorge, que continúa destinado en servicios especiales en Viena.
"El próximo mes, Garzón cumplirá la condena de 11 años de inhabilitación", apuntan. Cabe destacar que en mayo de 2010, el CGPJ ya le había suspendido cautelarmente de sus funciones y tuvo que abandonar la Audiencia Nacional, después de que el Supremo le abriese juicio oral por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
"Los dos años por los que estuvo suspendido en funciones antes de la condena a 11 años de inhabilitación en el 2012 computan para su pena. Por tanto, Garzón ya habría cumplido la totalidad de su condena en mayo", afirman. No obstante, su regreso no será tan fácil, ni tan inminente como él mantiene a sus allegados ya que, tras saldar sus deudas con la justicia, comienza el proceso para volver a la judicatura.
En este contexto, las mismas fuentes consultadas aseguran que "su única vía para reingresar en la carrera judicial es a través de oposiciones, ya que la posible petición al Consejo General del Poder Judicial CGPJ recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ para que sea rehabilitado no encaja en el caso de Garzón".
El artículo 380 de la LOPJ establece que "quienes hubieren perdido la condición de juez o Magistrado por cualquiera de las causas previstas, podrán solicitar del Consejo General del Poder Judicial su rehabilitación, una vez obtenida la establecida en el Código Penal, si procediere". Entre las causas previstas, no figura el supuesto de Garzón. Además, el artículo 303 de la LOPJ señala que "están incapacitados para el ingreso en la Carrera judicial los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación".
También existe un precedente parecido a este caso que no es aplicable a Garzón. En noviembre de 2017, el exdiputado de Vox, Francisco Serrano, volvía a ser juez después de que el Supremo anulase el acuerdo del CGPJ que rechazaba su petición de reingreso en la carrera judicial tras cumplir dos años de inhabilitación. Cabe destacar que Serrano había sido condenado por prevaricación culposa y no es el mismo caso que Garzón, expulsado de la carrera judicial por delito de prevaricación dolosa, más grave aún. Dicha diferencia la destacaba el propio Supremo en su resolución.
Las causas contra Garzón
Baltasar Garzón se enfrentó en el año 2010 a tres procesos judiciales diferentes. En dos por delitos de prevaricación y el tercero por cohecho impropio. Concretamente, el caso por ordenar la intervención ilegal de las llamadas telefónicas de los cabecillas de Gürtel y sus abogados en la cárcel. En segundo lugar, por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y, finalmente, por el caso de los cursos en Nueva York por los que pidió dinero al fallecido expresidente del Banco Santander, Emilio Botín.
La Sala Penal del Tribunal Supremo lo condenaba finalmente por la intervención de conversaciones en la cárcel de los imputados en Gürtel, fue absuelto del juicio por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y el tercer caso se archivó.
Tras ser condenado, Garzón fundó el despacho de abogados ILOCAD, que está presente en muchas causas internacionales relacionadas con Latinoamérica. El propio Garzón decidía en julio ser el abogado de Alex Saab, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro. Los abogados de ILOCAD o el propio Garzón personalmente defienden o han defendido a algunos de los principales imputados de las causas más mediáticas de la Audiencia Nacional como el caso Villarejo, o el caso de Petróleos de Venezuela S.A PDVSA.