El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado investigar un posible caso de financiación ilegal del PSOE de 486.000 euros en el marco de la causa Acuamed. El ex director general de esta empresa pública, Arcadio Mateo, denunció recientemente la impunidad de los socialistas frente a la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado durante la instrucción.
Concretamente, Arcadio Mateo relataba en un escrito remitido al instructor la adjudicación sospechosa en mayo de 2011 de un "servicio de coordinación, apoyo logístico y relaciones institucionales" por importe de 39.000 euros al fallecido Antoni Sabaté, exdiputado socialista por Tarragona en el Parlamento catalán y exalcalde de Flix. Dicha adjudicación se materializó a propuesta de Gracia Ballesteros Fernández, nombrada entonces subdirectora de construcción en el Ebro y Cuencas internas de Cataluña.
Mateo denunciaba también haber recibido una misteriosa visita del exsenador socialista, Joan Sabaté y aludía a pagos efectuados por un valor total de 220.702 euros por servicios de "asesoría en comunicación" a Bassat Ogilvy y de 227.050 euros a la Fundación privada Institut Cerdà por servicios de "asesoría y acompañamiento continuo en el proceso de posicionamiento local". Dichos pagos supuestamente se camuflaban como gastos de tablestacas (estructura de contención) en la obra de Flix (Tarragona).
En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado ordena a Acuamed, con el visto bueno de Anticorrupción, que "aporte cuantos antecedentes consten en sus archivos sobre las reuniones, acuerdos, justificación de los trabajos realizados y abonados por Acuamed y fecha de los abonos, a las empresas contratadas por la UTE EBRE FLIX" relacionadas con las actuaciones de Sawia, Sorea, Institut Cerdá, Bassat Ogilvy, Adasa, Setmani L’Ebre y Associació D’Amics del Jazz de la Ribera D’Ebre.
El instructor también reclama a Acuamed "toda la documentación relativa al citado contrato suscrito con el exdiputado del PSC, Antoni Sabaté, como la licitación, ofertas de licitadores, adjudicación, certificación y pago, así como toda la documentación existente que justifique los trabajos efectivamente realizados en dicho contrato y en la obra de descontaminación química del Embalse de Flix relativa a los importes pagados a Bassat Ogilvy y al Institut Cerdá".
Cabe destacar que desde que estalló el caso Acuamed en 2016, la causa fue utilizada por el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, para desgastar a Mariano Rajoy. Sin embargo, durante la instrucción, también afloraron numerosos documentos e indicios de que el escándalo afectaba de lleno al partido socialista durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente y responsable de Acuamed.
La denuncia de Acardio Mateo
Tal y como publicó LD, en la denuncia presentada ante el juez, Arcadio Mateo señalaba que estos hechos eran indiciarios de "una conexión entre la visita del senador D. Joan Sabaté, el contrato adjudicado en 2011 a D. Antoni Sabaté y probablemente los supuestos servicios facturados como si fueran tablestacas de la obra de descontaminación de Flix, precisan de una minuciosa investigación alentada por las acusaciones presentes en esta causa (Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado)".
"Es inverosímil", añadía, "que la organización compuesta, al menos, por Doña Gracia Ballesteros, D. Marc Pujols y D. José Manuel Plaza, comenzaran sus actuaciones irregulares precisamente en 2012, justo tras un cambio de Gobierno, de Ministro de tutela, de Secretario de Estado de Medio Ambiente, de Director General del Agua (a la vez que Presidente de Acuamed) y de Director General de Acuamed.
"Es más lógico considerar que en años anteriores a 2012 se estuvieran pagando con cargo a la obra de descontaminación de Flix importes irregulares que poco tenían que ver con la misma, y que desde 2012 se decidiera esconderlos como certificación en la unidad de obra del muro de tablestacas, dado su elevado importe presupuestado y no agotado en su totalidad (más de once millones de euros)", concluía Mateo.