El Ayuntamiento de Barcelona no paga las subvenciones comprometidas con las entidades locales que se dedican a repartir comida a quienes se han quedado sin ingresos ni ahorros. Las organizaciones dedicadas a luchar contra los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, muchas de ellas vinculadas a las parroquias, denuncian que el Consistorio no cumple con lo pactado a pesar de que les deriva usuarios de los servicios sociales. La comisionada de Acción Social de la administración municipal, Sonia Fuertes, ha reconocido el "retraso" en el pago de las subvenciones, circunstancia que ha atribuido a "defectos de forma" y "otras cuestiones". Fuertes ha asegurado que la situación se solucionará en breve.
Para lo que no hay "defectos de forma" u "otras cuestiones" es para la costosa celebración de la "Primavera Republicana". Según los datos facilitados por el propio Consistorio a preguntas del grupo municipal del PP, hay tres partidas para sufragar los fastos: 222.111 euros en actividades, 32.090 euros en infraestructuras y 35.000 en comunicación. El concejal del PP Óscar Ramírez ha declarado que "es vergonzoso y un insulto que en plena crisis económica y sanitaria la alcaldesa Colau se dedique a gastar casi 300.000€ de todos los barceloneses en celebrar 'Primaveras Republicanas'".
"La gestión de Colau es un fracaso para Barcelona, sólo es noticia por manifestaciones que piden su dimisión, por los pésimos índices en inseguridad e incivismo, por destrozar la movilidad con el urbanismo táctico y pintar las calles de colorines o por hundir la economía de la ciudad, por eso tapa sus carencias con ideología populista" ha añadido Ramírez.
A las críticas de los partidos de la oposición hay que sumar la investigación de la Fiscalía por las subvenciones indiscriminadas al Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales), la organización de la que estuvieron a sueldo ella y personajes como los diputados de Podemos Jaume Asens, Gabriel Pisarello o Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont que fue condenado por colaboración en el secuestro de Emiliano Revilla. En una primera denuncia se estima en 3,4 millones las ayudas directas que no pasaron filtro alguno municipal.
También el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre la gestión de Ada Colau. Se trata de una segunda denuncia que anticipó El Mundo y que cifra en 6,4 millones las partidas destinadas a las entidades amigas.
