Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, "se ha saltado la Ley para introducir perspectiva de género" en un recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Delgado debía abstenerse en la causa tras haber sido previamente ministra de Justicia en el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
La dirigente de Podemos denunció un poema satírico titulado De monjas a criadas que se publicó en 2017 en la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) por considerarlo "una intolerable burla sexista". El poema firmado bajo el pseudónimo de el guardabosques de Valsaín señalaba textualmente: "La diputada Montero / expareja del Coleta / ya no está en el candelero / por una inquieta bragueta / Va con Tania al gallinero".
Montero presentó entonces una demanda por supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad e imagen. El Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid le dio la razón, pero posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid revocaba dicha sentencia en febrero del pasado año al considerar que prevalece el derecho a la libertad de expresión.
La ministra recurrió ante el Supremo y los fiscales de lo Civil del Alto Tribunal decidían asumir la argumentación expuesta por la Audiencia de Madrid e inadmitir el recurso de Montero. A pesar de su obligación de abstenerse, Delgado intervenía en el asunto para que los fiscales del Supremo "introdujesen tres párrafos sobre la perspectiva de género" en el escrito, que inadmite el citado recurso, en forma de reproche contra el poema dedicado a Montero.
Tras reunirse la Junta de Fiscales de lo Civil del Supremo, los representantes del Ministerio Público aguantaban con firmeza el envite de la fiscal general y decidían limitar "los tres párrafos sobre perspectiva de género que quería introducir Delgado en el escrito a una sola frase". Sin embargo, "Delgado ya había intervenido en la causa, a pesar de su obligación de haberse abstenido. Es un escándalo que intervenga y que lo haga además para introducir perspectiva de género en unos fundamentos jurídicos", denuncian.
Recordamos que el artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPD afirma que "los jueces y magistrados, y los funcionarios de otros cuerpos, que reingresen en la carrera correspondiente deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público". Es decir, al tratarse de una demanda en la que la protagonista es la actual ministra de Igualdad, Delgado debía abstenerse.
Las mismas fuentes consultadas denuncian que "Delgado se está saltando su obligación de abstenerse habitualmente en muchas causas de diferente naturaleza. En algunas ocasiones, toma decisiones directamente y otras veces, lo hace a través de su mano derecha, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos".
Otro ejemplo en el que Delgado no se ha abstenido es el caso Villarejo. LD desveló un audio que demuestra que su pareja, Baltasar Garzón, dirige personalmente la defensa de uno de los imputados. La fiscal general del Estado, sin embargo, sigue dando órdenes e interviniendo en esta causa.
"Doble vara de medir de Podemos"
Fuentes jurídicas consultadas por este diario denuncian a su vez "la doble vara de medir de Podemos con la libertad de expresión". En este contexto, recordamos que la formación de Pablo Iglesias e Irene Montero fue uno de los partidos políticos instigadores de las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél para defender la supuesta libertad de expresión, aunque había sido condenado por otros delitos que nada tienen que ver con la libertad de expresión.
No obstante, la supuesta defensa de la libertad de expresión de Podemos se diluye como un azucarillo cuando los afectados son los propios dirigentes de la formación morada, tal y como sucedió con la publicación del citado poema satírico sobre Montero. En este caso, la ministra de Igualdad no dudó en presentar una demanda contra la publicación por presunta vulneración de su derecho al honor, intimidad e imagen.