El PP denuncia a la directora de la Guardia Civil por el cese de Pérez de los Cobos

El Partido Popular ha decidido llevar a la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, y al Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, a los tribunales por el caso Pérez de los Cobos. En una denuncia presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla este lunes, los populares consideran que se produjo un delito de prevaricación en el cese del coronel de la benemérita.

Este cese ya fue anulado por un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional a finales del pasado mes de marzo. Por esta maniobra, el PP ha pedido también en las últimas semanas la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

En el escrito, el PP sostiene que el fallo que anula el cese del coronel que mandaba en la Comandancia de Madrid deja claro que Pérez de los Cobos fue cesado de forma "manifiestamente ilegal".

Ese cese de Pérez de los Cobos sucedió en pleno estado de alarma y fue recogido en la resolución de 24 de mayo de la directora de la Guardia Civil -que también firma el secretario de Estado- por pérdida de confianza y "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".

Recuerdan los populares que el polémico cese se produjo en medio de la investigación ordenada por una juez de Madrid, que había pedido reserva sobre las diligencias policiales que afectaban a las órdenes que dio la Delegación del Gobierno en Madrid en el inicio de los contagios de coronavirus y, en concreto, en la autorización para que se celebrara en la capital la manifestación del 8 de marzo de 2020.

El PP considera que el cese fulminante del coronel "viene a encubrir una sanción" por cumplir con lo que le había ordenado la juez de Madrid. "Sanción que en ningún caso se hubiera podido producir a consecuencia de un expediente disciplinario como hubiera sido preceptivo, y ello porque no se hubiera podido sostener un procedimiento disciplinario sobre el incumplimiento de un pretendido acto ilegal", añaden.

En la denuncia, el PP apunta una vez más al ministro del Interior por su responsabilidad en un posible delito de prevaricación que, según apunta, pudo haberse cometido por omisión. En este sentido, señala que debido a su aforamiento, la causa debería elevarse al tribunal competente "llegado el momento procesal en que se observaran posibles responsabilidades penales de su actuación".