La Fiscalía de Gerona ha decidido archivar la denuncia contra la dirección del cuerpo de los Mossos d'Esquadra por mantener un retén de protección permanente en el domicilio de la esposa del prófugo Carles Puigdemont y sus hijas. Según la denuncia, que fue presentada por una exagente del cuerpo represaliada por haberse mostrado leal a la Constitución, el retén en el chalet de Puigdemont en las afueras de Gerona estaba compuesto por quince agentes que se turnaban para proteger el domicilio las 24 horas al día y costaba más de treinta mil euros al mes.
Según la exagente, Inma Alcolea, la dirección de los Mossos cometía un delito de prevaricación y malversación toda vez que Puigdemont no es una autoridad pública y además se encuentra en situación de fugado de la Justicia. En la querella contra la cúpula de la policía autonómica Alcolea recordaba además que el Ministerio del Interior decidió negar a Puigdemont los servicios de guardaespaldas que solicitó estando en Bélgica dado que ya no ocupa cargo público alguno en Cataluña y, además, es un prófugo.
Eso no ha impedido que grupos de agentes de los Mossos se turnen en Waterloo para dar cobertura al expresidente de la Generalidad y presidente de Junts per Catalunya (JxCat) con conocimiento y consentimiento de la dirección del cuerpo policial. Uno de esos agentes, el sargento Lluís Escolà, fue incluso nombrado asesor de la consejería de Interior, pero tuvo que dejar el puesto por las irregularidades cometidas para acceder al cargo.
A pesar de los antecedentes, la Fiscalía, según el digital independentista El Món, ha dado crédito a un informe de los Mossos en el que se alega que la familia de Puigdemont recibe numerosas amenazas y que la protección se había habilitado tras un "análisis de riesgos".