El Supremo dictamina que la Universidad Pompeu Fabra vulnera la neutralidad con un texto a favor de los golpistas

Nueva sentencia contra la práctica de los rectores y profesores separatistas de las universidades catalanas de pronunciarse de manera corporativa a favor de los golpistas presos y de los postulados independentistas. El Tribunal Supremo ha ratificado que un manifiesto del claustro la Universidad Pompeu Fabra en contra de la sentencia sobre el golpe de Estado del 1-O "no encuentra cobertura en la autonomía universitaria, ni tampoco en la pretendida libertad ideológica y de expresión".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima de esta manera el recurso presentado por la Pompeu Fabra contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de 20 de noviembre de 2019 en el que resolvía que la proclama universitaria vulneraba el principio de neutralidad política consagrado en el artículo 130.1 de la Constitución, así como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) en el apartado en el que prohíbe que cualquier entidad pública difunda durante periodo electoral mensajes coincidentes con los de las formaciones políticas.

El manifiesto censuraba la supuesta "violencia policial" durante el referéndum ilegal así como la "represión y erosión de las libertades", pedía la puesta en libertad de los condenados y el sobreseimiento de todas las causas relacionadas con el independentismo. Nada más hacerse pública la declaración separatista, el resto de universidades públicas radicadas en Cataluña se sumó a la proclama.

El texto fue recurrido por el catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor en la Junta Electoral Central, que le dio la razón. La Universidad Pompeu Fabra contratacó con otra recurso ante el Tribunal Supremo, que es quien finalmente ha dictaminado que la propaganda electoral en las universidades es inconstitucional y no puede acogerse a la libertad de expresión ni a la autonomía universitaria.

A pesar de que no se trata de la primera resolución judicial contra este tipo de proclamas, toda vez que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona sentenció en relación a un texto de la Universidad de Barcelona que esta "forma parte de la administración pública y no es una institución de representación política" y que "no puede asumir como propia una posición política determinada", los rectores de las universidades se han vuelto a manifestar en favor de la amnistía de los golpistas a finales del pasado mes de marzo. Las resoluciones de los claustros a favor de las tesis separatistas son una constante del denominado "procés" en gran medida por la penetración de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium y los partidos independentistas entre el profesorado y los sindicatos.

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán Ignacio Martín Blanco ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo y ha declarado que "es una muy buena noticia que la Justicia vuelva a decir a las corporaciones públicas que no pueden vulnerar de forma sistemática el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y de la comunidad universitaria".