Vox ha pedido a la Comisión Europea que le facilite información sobre una subvención concedida por la Unión Europea a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) en el año 2018 y que asciende a 499.979,97 euros.
Según la propia web oficial de la Comisión Europea, la cantidad tenía por objetivo financiar un proyecto titulado "Wideley Expanding Anonymous Tipping Tecnology Deployment, Operation, and Trustworthiness to Combat Corruption in Eastern and Southern Europe".
En la página online de la fundación se puede leer en inglés que el proyecto tiene por objetivo "crear mecanismos de informantes anónimos, usando el sistema GlobalLeaks, (programa que se define como un software libre, de código abierto, orientado a habilitar iniciativas de plataformas para informantes) para canalizar información a entidades públicas y privadas en 11 países de la UE" para, supuestamente, combatir la corrupción en el este y sur de Europa.
Una descripción que acompañan de un documento PDF que presentan como "guía" para "todos aquellos que reciban revelaciones a través de su participación en el proyecto EAT", destinatario del casi medio millón de euros.
Las preguntas de Vox
En el escrito de Vox, firmado por el eurodiputado Hermann Tertsch, y al que ha tenido acceso Libertad Digital, la delegación encabezada por Jorge Buxadé reclama conocer "¿qué controles ha exigido o realizado la Comisión y qué cuentas ha rendido la citada fundación por los fondos recibidos por la UE?".
Además, piden información sobre "¿qué trabajos concretos se han desarrollado en el mencionado proyecto?" y "¿qué otros proyectos de la citada fundación han recibido financiación de la UE desde 2011, año en que se inició su actividad?".
En la carta, Vox recuerda que el presidente de la fundación, el exjuez Baltasar Garzón, fue suspendido de la carrera judicial el 22 de febrero de 2012 tras ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación.
Señalan, además, que Garzón ha estado involucrado en actividades económicas con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, miembros destacados de la dictadura venezolana como Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, y se ha visto envuelto en otras polémicas, incluidas relaciones continuadas con el excomisario José Manuel Villarejo, que se encuentra a la espera de varios juicios por organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.