Vox ha registrado una batería de iniciativas en el Congreso para conocer todos los detalles de la decisión adoptada por el Gobierno en relación a la compañía Plus Ultra, tras las nuevas informaciones reveladas por El Mundo sobre el escándalo que afecta a la aerolínea, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia a pesar del escaso peso que representa la compañía en nuestro país.
El partido ha registrado dos peticiones de comparecencia de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para que expliquen los mecanismos de control a aplicar sobre la viabilidad de la empresa, además de su rentabilidad y solvencia, para recuperar los 53 millones de euros concedidos en ayudas a la compañía venezolana.
Que el Gobierno informe
Además, la formación de Abascal reclama a González Laya una copia sobre la nota verbal enviada por España a la embajada en Venezuela el pasado 19 de marzo, que anulaba una orden anterior, para desautorizar la realización de ‘vuelos humanitarios’ por parte de Iberia y Air Europa, obligando a que sólo Plus Ultra pudiera operar entre España y Venezuela.
A estas iniciativas, se suman las preguntas registradas por los diputados Víctor González, Inés Cañizares, Rubén Manso, Rodrigo Jiménez y Pablo Sáez, para que el Ejecutivo responda sobre los motivos que le llevaron a adoptar esa decisión, perjudicando a las empresas españolas a la hora de realizar vuelos a Venezuela, en favor de la compañía extranjera.
La formación, reclama que el Gobierno de Sánchez responda también sobre los motivos que le han llevado a beneficiar a Plus Ultra para que monopolice todo el tráfico aéreo entre España y Venezuela, así como información sobre el número de aviones, la capacidad de manejar toda la demanda de vuelos entre ambos países por parte de esta empresa o por qué motivo, según el Ejecutivo, esta compañía está en mejores condiciones para operar, en comparación con Air Europa o Iberia.
Vox ya presentó una querella contra el Gobierno y la SEPI por el rescate de la areolínea, al considerar que habrían cometido varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude fiscal y entramado societario fraudulento. El PP ha pedido la creación de una comisión de investigación en el Congreso.