El Partido Popular continúa su batalla contra la Ley Celaá del Gobierno y este lunes, Pablo Casado, ha presentado el recurso de inconstitucionalidad que anunció hace seis meses contra la medida. Lo ha hecho en un acto en un colegio concertado de Madrid, el Internacional J. H. Newman, en el que ha estado acompañado por el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, y la presidenta de las familias de la Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara. Una presentación que ha suscitado polémica con Vox desde donde reivindican que ellos lo presentaron hace varios días.
"En cuanto lleguemos al Gobierno, vamos a derogarla", ha anunciado el líder del PP. En el texto que el PP lleva al Tribunal Constitucional, y que ha sido elaborado por el despacho de abogados de Albert Rivera, los populares denuncian que la Ley Celaá vulnera "los más esenciales principios, derechos y libertades en el ámbito educativo que recoge la Constitución", la "libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos" y "priva al castellano de su condición de lengua vehicular".
"Esta Ley trata al castellano como una lengua extranjera más en determinadas CCAA con lengua cooficial", aseguran los populares. "La razón de la inconstitucionalidad denunciada radica en que los preceptos impugnados contradicen el art. 3 de la Constitución, al asignar en exclusiva a las lenguas cooficiales la condición de lenguas propias en el ámbito educativo en los territorios de dichas Comunidades Autónomas, excluyendo de la misma consideración al castellano. La utilización por los preceptos impugnados de la calificación como lengua propia solo para designar las materias referidas a las lenguas cooficiales deja al español o castellano, por contraposición, la consideración de lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta, que debe aprenderse o estudiarse como una lengua extranjera más en estas Comunidades Autónomas", explican en el recurso.
En cambio, en su intervención Casado solo ha apuntado a aquellas comunidades en las que "gobiernan los nacionalistas: Cataluña, País Vasco y Navarra", y ha presumido de la política de los ejecutivos del PP en esta materia en Madrid, Castilla y León y también, en Galicia, pese a tener una ley de ‘normalización’ y políticas lingüísticas calcadas a las de Cataluña.
La educación especial
Los populares denuncian también el ataque contra la educación especial y "la previsión de un plan de integración de la educación especial en los centros ordinarios". Para protegerla, "se recurren varios preceptos, al considerar que según la propia ley sólo se atenderá la voluntad de las familias que presten su preferencia por lo que se denomina "régimen más inclusivo", pero "no a las que muestren su preferencia por que sus hijos sean escolarizados en centros de educación especial, en el legítimo entendimiento que ello favorecerá mejor su futura integración laboral, social y familiar".
También "se impugnan los preceptos que atacan a la educación concertada, considerando que se cercena la libertad educativa cuando se impide a los centros concertados organizar actividades complementarias del modo que entiendan más oportuno y adecuado". Asimismo, se ataca "frontalmente al sostenimiento económico de los colegios concertados mediante la prohibición de percibir cualquier tipo de aportación por estas actividades".
El PP denuncia, por último, defectos en la tramitación de la Ley, como la omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, el rechazo de la solicitud de la comparecencia de expertos y la omisión de la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación.