La decisión del Gobierno de Cataluña de frenar la vacunación prioritaria de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil menores de 60 años, que se ha tomado esta misma semana sin ningún tipo de aviso previo a los efectivos policiales, podría tener que dilucidarse en los tribunales, a tenor del enfado que esta determinación ha causado en el seno de los principales sindicatos y asociaciones profesionales de estos cuerpos de seguridad.
La primera acción judicial ha sido presentada este viernes por la mañana el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha solicitado en la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña que el Gobierno regional reanude de forma "urgente" la vacunación de "todos los policías nacionales de cualquier edad –se ha mantenido la de los agentes de entre 60 y 65 años–, tal y como se está realizando en el resto de España".
Dice que en escrito que su "prioridad" es la salud de "todos los policías" y recuerda el riesgo que corren en sus laborares diarias, especialmente los que realizan filtros en los aeropuertos o los que trabajan en materia de extranjería y asilo. También recuerda que "a pesar de su marginación los policías nacionales también forman parte del resto de grupos prioritarios que se han vacunando sin problemas en Cataluña durante esta fase de vacunación".
El sindicato denuncia "el incumplimiento manifiesto del principio de igualdad por parte de la Consellería de Salud de la Generalitat que sólo vacuna a policías locales o autonómicos y niega ese mismo derecho a los policías nacionales". Es más, recuerdan que mientras ya están prácticamente vacunas 25.000 agentes de los Mossos d´Esquadra y las policías locales, prácticamente ningún agente estatal ha recibido sus dosis.
La Unión Federal de la Policía (UFP) también ha anunciado esta mañana la interposición de un escrito judicial para que los agentes estatales vuelven a ser vacunados en la región. El portavoz del mismo, José María Benito, ha escrito en la red social Twitter que a lo largo de la mañana de este viernes iban a presentar un escrito en la Fiscalía General del Estado contra "el consejero de Sanidad de la Generalitat por negarse a vacunar a policías y guardias civiles".
A estas acciones judiciales se podrían unir en las próximas horas las de JUPOL –el principal sindicato policial– y JUCIL –su asociación hermana en la Guardia Civil– que ya anunciaron ayer jueves que presentarían acciones judiciales si no se vuelve a vacunar "de inmediato" a los agentes de ambos cuerpos.