Vox recurre al Tribunal Constitucional la ley Celaá por "sectaria y excluyente"

Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley educativa promovida por Isabel Celaá, un día después del bochornoso incidente que la ministra protagonizó en el Congreso al burlarse del diputado del PP, Juan José Matarí, cuando defendía la educación especial para su hija con síndrome de Down.

El partido reclama la nulidad de los apartados referidos a la educación diferenciada por "obligar a que todo el alumnado con necesidades especiales sea atendido en un centro ordinario en el plazo de diez años", según ha explicado la secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, a las puertas del Constitucional, acompañada por el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, por la portavoz de Educación de Vox en el Congreso, Georgina Trías, y la vicesecretaria jurídica, Marta Castro.

"La educación diferenciada no es sinónimo de educación segregada", ha asegurado Olona, que ha calificado la Ley de "sectaria y excluyente". En este sentido, Trías ha denunciado que la ley Celaá no sólo supone un ataque a la educación diferenciada y concertada, sino a los propios alumnos, ya que no destina más recursos a los centros ordinarios para poder acoger a estos menores. "Este Gobierno atenta contra el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad abierta", ha dicho.

Vox recurre además el apartado referido a la lengua española por "excluir este idioma como lengua vehicular de la nación española", ha dicho Olona, que ha explicado que el recurso presentado por el PP contra esta Ley no incluye este apartado, al aplicar el mismo criterio que Celaá en comunidades donde gobierna como Galicia. Además, piden suprimir los puntos referidos a la religión y la ideología de género, por impedir a los padres elegir la educación moral que quieren para sus hijos.

Como novedad, en el escrito denuncian la inhibición del Estado en la competencia educativa, por estar transferida a las comunidades autónomas. "Se tiene que dirimir el suelo de esa competencia básica para garantizar la igualdad de todos los españoles ante la Ley", explica Olona a Libertad Digital.

Sin debate previo

En el escrito, el partido denuncia que la Ley se aprobó en pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus, sin debate previo, sin tener en cuenta las propuestas de la oposición y sin escuchar a los agentes sociales y educativos interesados, ni los expertos en la materia. "Ni siquiera se ha solicitado informe a los principales órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar", aseguran.

"No se ha permitido el diálogo, ni consenso posible alguno, tanto por una voluntad deliberada de exclusión de los agentes autorizados y afectados del mundo de la educación en sus muy diversos campos, como por la inoportunidad del momento de alarma sanitaria acompañada de la suspensión de derechos fundamentales, entre ellos, los de reunión y de manifestación", denuncian en el texto.

Críticas al TC

Ortega Smith ha criticado al Tribunal Constitucional por convertirse en "el órgano de amparo de los políticos, en sus políticas contrarias a la propia Constitución", al no haber resuelto todavía ninguno de los 14 recursos que Vox ha presentado a lo largo de esta Legislatura. "El TC sigue haciendo oídos sordos a cuestiones fundamentales y urgentes", ha criticado.

El secretario general de Vox recuerda que todavía no se ha pronunciado sobre los recursos presentados contra el estado de alarma prorrogado en varias ocasiones por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Se les debería caer la cara de vergüenza por llevar diez años sin resolver el recurso sobre la ley del aborto", ha criticado con dureza Ortega Smith.