Belarra firmó dos certificados para intentar justificar los sobresueldos "irregulares" de Podemos

Ione Belarra firmó dos certificados para intentar justificar los sobresueldos "irregulares" de Podemos. La exsenadora de la formación morada, Celia Cánovas, ha presentado un recurso ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, solicitando la reapertura de esta línea de investigación que afecta al partido de Pablo Iglesias y la imputación de Belarra, tal y como adelantó LD.

En este escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Cánovas denuncia que Belarra como secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos expidió el 25 de agosto de 2020 dos certificados para acreditar los acuerdos que adoptó el Consejo de Coordinación en las reuniones celebradas el 17 y el 24 de abril de 2017. En dichos encuentros, se aprobaron las "categorías de escala salarial" que había propuesto la Gerencia del partido, que en esas fechas estaba ocupada por Pablo Manuel Fernández Alarcón.

Según el recurso de Cánovas, estos acuerdos certificados demuestran que en el 2017 se fijaron las escalas y categorías salariales de los empleados de Podemos, pero Belarra habría ocultado al Juzgado un dato fundamental para esclarecer los hechos y es que dichas tablas salariales estaban vigentes en 2019. Dicho dato demostraría que la actual gerente del partido Rocío Val incumplió los acuerdos y creó diferentes complementos salariales sin tener competencias para ello.

La exsenadora de Podemos explica que los certificados de Belarra demuestran que la tabla salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación no por la Gerencia, sino a 'propuesta de la Gerencia', y que se acordó definir un protocolo para la aplicación de las escalas salariales. No obstante, el partido no ha aportado ningún acuerdo posterior a 2017 sobre la modificación de las tablas salariales y la Gerencia estaba obligada a respetarlas como norma interna para fijar los salarios de los empleados. No pudiendo, por tanto, superar dichos límites ni crear o duplicar a su antojo los complementos fijados para cada categoría profesional. LD publica los 2 certificados firmados por Belarra.

Según Cánovas, el hecho de haber ocultado deliberadamente al Juzgado que las tablas salariales aprobadas en 2017 seguían vigentes en 2019 y eran de obligado cumplimiento, podría constituir un encubrimiento del delito de administración desleal cometido por la gerente Rocío Val por parte de Ione Belarra.

El Consejo Ciudadano era el competente

Celia Cánovas destaca en su recurso que el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, a través de la aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos, es el único órgano del partido que puede fijar los salarios de los empleados, no el Consejo de Coordinación, ni la Gerencia.

No obstante, Cánovas denuncia que los presupuestos de 2019 nunca fueron aprobados, tal y como denunció el exletrado del partido José Manuel Calvente y ratificó la exresponsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona. Solo se aprobó en marzo de ese año un "presupuesto parcial" para el primer cuatrimestre, el que cubría las elecciones generales de 28 de abril de 2019, que según fuentes cercanas a Podemos consultadas por LD, "se hizo ad hoc para permitir la contratación con Neurona".

Cánovas destaca en su recurso que los Estatutos del partido no permiten ni la aprobación de un presupuesto parcial, ni la prórroga de los presupuestos, ya que exige que el Consejo Ciudadano apruebe el presupuesto anual antes del inicio del ejercicio, nunca después, por lo cual ese presupuesto parcial y sus pretendidas prórrogas serían nulos de pleno derecho.

Por ello, según Cánovas, la ejecutiva del partido es tan responsable como la gerente Rocío Val y el tesorero Daniel de Frutos, porque serían cómplices o encubridores de haber dejado el partido sin control alguno de los ingresos y los gastos, permitiendo que la ejecutiva haya gastado los fondos del partido a su antojo.