Podemos creó hasta 11 tipos distintos de sobresueldos "irregulares" para sus dirigentes. La exsenadora de la formación morada, Celia Cánovas, ha presentado un recurso ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, solicitando la reapertura de esta línea de investigación que afecta al partido de Pablo Iglesias.
En este escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Cánovas apunta ante el instructor del caso Neurona a la gerente del partido, Rocío Val, como la responsable de haberse atribuido "unas competencias que no le correspondían según los Estatutos y según el Plan de Cumplimiento Normativo de Podemos, que es la norma en la que se establece y regula el estatuto personal y las competencias de la Gerencia del partido".
"La declaración de la gerente Rocío Val y los propios documentos aportados por Podemos demuestran que la gerente decidió crear unilateralmente en 2019 no solo los dos complementos salariales a los que se refería la denuncia del señor Calvente (coordinación y coordinación ejecutiva) sino también otros complementos no contemplados en las tablas salariales de Podemos. Se trata de complementos totalmente arbitrarios y no contemplados en las tablas salariales de 2017 vigentes en 2019, cuyos importes excedían de los límites salariales fijados en dichas tablas salariales", apunta el escrito.
Dichos complementos salariales serían el de plus de coordinación de producción 210,32 euros, plus de implementación de imagen corporativa 300 euros, plus de coordinación informática 210,32 euros, plus de coordinación de redes 210,32 euros, plus de responsabilidad de comunicación 300 euros, plus de responsabilidad personal 358,05 euros, complemento personal 157,61 euros, plus de coordinación audiovisual 210,32 euros y plus de responsabilidad personal de comunicación 300 euros.
"La gerente Rocío Val faltó a la verdad en su declaración cuando afirmó que estaba facultada por el Reglamento General Interno y por el techo de gasto salarial recogido en los presupuestos de dicho partido. Y decimos que faltó a la verdad porque los documentos que obran en autos demuestran todo lo contrario, que el citado Reglamento General Interno no atribuye a la gerente la potestad de implementar en su propio sueldo, ni en el de otros empleados del partido los dos complementos salariales aludidos, por la sencilla razón de que dicho Reglamento no resulta de aplicación al personal laboral del partido", añade Cánovas.
"Los propios documentos aportados por Podemos para justificar la existencia del presupuesto en 2019, ni contemplan subidas salariales ni abarcan todo el ejercicio 2019, sino que eran del primer cuatrimestre del año y se centraban en presupuestos de campaña electoral, siendo además unos presupuestos que exigían prudencia y contención del gasto, y no su incremento arbitrario mediante subidas salariales que comprometen el gasto de forma permanente al consolidarse los salarios", señala el recurso.
Tal y como publicó LD, Cánovas solicita en el mismo escrito la imputación de la futura ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por "encubrir" los sobresueldos irregulares del partido desde su cargo en la ejecutiva de la formación morada.
"Encaja en el delito de administración desleal"
El recurso de la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, personada en la causa como acusación particular, sostiene que "la decisión de la gerente de subir notablemente los salarios de algunos empleados de su entorno por encima de los límites y conceptos establecidos por la Tabla Salarial vigente desde 2017 creando nuevos complementos y pluses salariales sin justificación alguna, sin disponer de facultades estatutarias para acordar dichos incrementos salariales y sin tener una partida presupuestaria para ello, es totalmente contrario a los principios de prudencia y de contención presupuestaria a la vista de que los sondeos para las elecciones del 28 de abril de 2019 no auguraban un buen resultado para el partido Podemos, como así fue".
"Por lo tanto, la conducta de la gerente Rocío Val en coordinación con el tesorero Daniel de Frutos, ambos beneficiados por esa subida salarial irregular, encaja en el tipo penal de la administración desleal del patrimonio del partido Podemos", concluye.