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Conde-Pumpido contra las cuerdas: Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sánchez piden también su recusación en el 1-O

El expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, pidió la recusación del magistrado la semana pasada por unas declaraciones en el Congreso de 2017.

El expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, pidió la recusación del magistrado la semana pasada por unas declaraciones en el Congreso de 2017.
El magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante su toma de posesión. | FGE

El exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva han solicitado la recusación del magistrado progresista del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en las futuras sentencias de la causa sobre el golpe del 1-O. Mientras, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull; y el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, según fuentes de su defensa consultadas por Libertad Digital, también darán el paso y presentarán su escrito previsiblemente esta misma semana.

Los cinco golpistas condenados por sedición o malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se unen así al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, para pedir que Conde-Pumpido se aparte de la causa por unas declaraciones realizadas el 23 de noviembre del 2017 en el Congreso de los Diputados.

Tal y como desveló Libertad Digital, Conde-Pumpido estaba obligado a "abstenerse" en la causa tras su intervención en el "Seminario del 40 Aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa", sólo mes y medio después del referéndum ilegal del 1-O. El magistrado afirmó que en Cataluña "los que agitan esta bandera pretendidamente democrática para subvertir la Constitución", están "cómodamente instalados al frente de las instituciones" y disponen de "cantidades relevantes de dinero público". Es decir, se refería implícitamente a los delitos de sedición y malversación por los que posteriormente fueron condenados.

Fuentes jurídicas consultadas por LD aseguran que la petición de recusación de Junqueras y Romeva se ha hecho efectiva esta misma mañana ante el Alto Tribunal. Cuando se reciban todas las solicitudes, Conde-Pumpido deberá decidir si se aparta voluntariamente o bien se inicia un procedimiento en el Tribunal Constitucional para investigar los hechos, nombrando a un instructor.

Recordamos, que el magistrado conservador del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez, recientemente decidía apartarse de la causa del 1-O tras otra petición de recusación de los golpistas por unas declaraciones similares a las realizadas por Conde-Pumpido.

Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este diario expresan su "honda preocupación" por el hecho de que Conde-Pumpido no siga los pasos de su compañero Nárvaez y decida no apartarse de la causa. "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo TEDH podría estimar un recurso de los condenados por vulnerar el derecho a un juez imparcial. Conde-Pumpido debe apartarse si se quiere evitar que la justicia europea manche la causa judicial del 1-O", afirman.

"Fue más explícito que Narváez"

En la petición de recusación contra el magistrado del Tribunal Constitucional presentada la semana pasada la defensa del expresidente catalán fugado consideraba que en las declaraciones de Cándido Conde-Pumpido en el Congreso en noviembre de 2017 fue "incluso más explícito" que el magistrado Antonio Narváez.

Según el escrito de recusación, "los tipos penales de rebelión y sedición son los únicos de todo el Código Penal que requieren de un alzamiento" y "la exégesis llevada a cabo por Conde-Pumpido de esa sentencia, presentándola como soporte para una imputación por los tipos penales de rebelión y de sedición, pone de manifiesto su parcialidad. Y, en particular, que ya en aquel momento tenía formada una posición sobre la responsabilidad penal de los recurrentes en amparo".

La defensa de Puigdemont señalaba que una de las muestras de la "absoluta falta de imparcialidad" de Conde-Pumpido es que "se burlara, con sorna" de la alegación de los implicados en el 1-Ode que obedecían un mandato democrático y que actuaron "en el ejercicio de sus derechos fundamentales, incluido el derecho de representación política".

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