Tanto en ERC como en JxCat se da por descontado que habrá un pacto para reeditar el gobierno de la Generalidad entre ambos partidos, pero ya no se descarta la hipótesis de una repetición electoral. Es la gran baza que maneja Carles Puigdemont, el líder de Junts per Catalunya (JxCat) para forzar una serie de concesiones que consideran imprescindibles: el control de los fondos europeos para la reconstrucción y un papel central del Consell per la República en el control de la acción del Govern y de las negociaciones del independentismo con el Gobierno.
En paralelo, ERC ha alcanzado un preacuerdo con la CUP mediante el que ambas formaciones se comprometen a crear las condiciones durante la legislatura que desemboquen en un nuevo referéndum separatista. Ese el principal punto del pacto entre republicanos y antisistema. Una reorientación radical de la "gestión del orden público", una política de vivienda aún más tolerante con la ocupación y que incluya la expropiación de viviendas a los considerados grandes propietarios y el cese de las externalizaciones en materia de sanidad son otros de los puntos pactados entre ERC y la CUP.
La formación antisistema llevará el esbozo de pacto con ERC a las asambleas territoriales el próximo día 24 y serán los militantes los encargados de ratificar el acuerdo o rechazarlo. En materia de Mossos, se contempla la suspensión del uso de los proyectiles de foam y la creación de una comisión parlamentaria que estudie un nuevo modelo de orden público y seguridad para Cataluña.
En cuanto a las negociones entre los dos principales grupos. Republicanos y posconvergentes, en ERC se resisten a ceder el testigo del control de la economía. Desde los primeros acuerdos con Artur Mas y la extinta CiU el partido republicano había asumido la consejería de Economía con el propósito al menos aparente de financiar las estructuras de Estado y crear una hacienda propia digna de tal nombre. Al margen del relativo fracaso en ese propósito, el control de las finanzas autonómicas es clave para Oriol Junqueras. Y más cuando en el horizonte se vislumbra la arribada de importantes cantidades procedentes de Europa.
En JxCat replican que al haber ganado ERC las elecciones, el reparto de cargos y de sillas implica que si la presidencia es para los republicanos, la vicepresidencia económica les corresponde a ellos. ERC cede hasta ahí, pero pretende que los fondos europeos, tratados como un auténtico botín entre las partes, pasen a manos de una suerte de nuevo comisionado que dependería de la presidencia.
El otro gran punto de fricción en las negociaciones es la función del Consell per la República. Tanto ERC como JxCat están de acuerdo en que debe haber un órgano supragubernamental que actúe como árbitro entre las partes y motor en una nueva fase del proceso separatista. También están de acuerdo en que dicho órgano debe incluir a los partidos así como a las entidades como Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Sin embargo, JxCat esgrime que ese instrumento ya existe y se llama Consell per la República. En ERC replican que tal Consell es un juguete en manos de Puigdemont en el que no están Òmnium y la CUP y que además ha fracasado en todas sus iniciativas.
Las maniobras del prófugo
La discusión sobre el Consell es también la discusión sobre el papel de Puigdemont en la política catalana. Sus partidarios creen que es el líder indiscutible del independentismo y que debe ser tratado como una especie de presidente en la sombra o presidente "legítimo". En ERC consideran que los neoconvergentes están anclados en los momentos posteriores a la huida de Puigdemont, cuando tanto las bases como los medios de comunicación afectos al separatismo dieron en considerar que sólo había un presidente de la Generalidad y ese era Puigdemont.
El prófugo quiere mantener ese papel, ya muy mermado durante la legislatura presidida por Quim Torra, y para eso es imprescindible que el Consell per la República tenga protagonismo en la vida política catalana. Para lograr sus propósitos en JxCat ya blande la amenaza de una repetición de las elecciones.
Lo que parece cada vez más claro es que el próximo viernes 26, fecha fijada para la sesión de investidura de Aragonès, no habrá tal ante la falta de acuerdo de los grupos independentistas. En ese contexto, Salvador Illa, el líder socialista, batalla para que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, mantenga la sesión y se le permita llevar a cabo un discurso de investidura. En JxCat responden a esa pretensión con el argumento de que Illa no puede presentar ninguna alternativa de gobierno viable.