Aragonès y Artadi, de 'encargados' del 155 a presidente y vicepresidenta de la Generalidad

Tras el pacto separatista para repartirse la presidencia y la mesa del Parlament comienza la negociación para formar el próximo Govern de la Generalidad. Se da por descontado que Junts per Catalunya (JxCat) y ERC llegarán a un acuerdo a pesar no sólo de las diferencias estratégicas que les separan sino de las personales. El ambiente entre los dirigentes de uno y otro partido no es precisamente el ideal entre políticos llamados a repetir una coalición de gobierno. Sin embargo, tanto el republicano Pere Aragonès como el equipo que negocia en nombre de JxCat, encabezado por Elsa Artadi, han decidido aparcar sus diferencias y forjar un nuevo ejecutivo.

Además, Aragonès y Artadi están acostumbrados a trabajar juntos y en condiciones singulares. Ellos fueron los únicos dirigentes independentistas con cara y ojos que quedaron en la Generalidad durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el golpe de Estado. Según el que fuera secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, el responsable de ejecutar y supervisar día a día esa intervención, tanto Aragonès como Artadi cumplieron a la perfección con lo que se les encomendaba.

El relato de Bermúdez sobre aquellos días es que Aragonès y Artadi "colaboraron activamente" en la aplicación del 155 a pesar de que los suyos eran puestos de confianza política. Bermúdez, entonces número dos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, fue particularmente elogioso con Artadi, de quien subrayó su alto conocimiento de la administración autonómica y su eficacia.

En noviembre de 2017, Aragonès ejercía como secretario del departamento de Economía, mientras que Elsa Artadi ejercía tareas de coordinación entre departamentos. Ambos eran también las respectivas manos derechas de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, extremo que a los altos cargos del Gobierno de Rajoy no les importó en absoluto. Sin embargo, hay un relato alternativo al de Bermúdez de Castro y es el de que tanto Aragonès como Artadi reportaban constantemente con sus jefes políticos lo que hacían con sus "jefes" administrativos.

Sea como fuere, cuatro años después están llamados a ejercer las más altas funciones de representación en la administración autonómica sin que la supuesta colaboración con el Estado durante el 155 haya sido precisamente un lastre en sus carreras políticas.

Las exigencias de Puigdemont

Metidos en harina para formar el nuevo Govern, JxCat exige que ERC acepte la estrategia de confrontación y marque un calendario con otro referéndum. Sin embargo, esa ya no es una condición imprescindible, como hace unas semanas. Los de Puigdemont han reparado en que la vicepresidencia económica y la consejería de Exteriores y Relaciones Institucionales que en la actualidad ocupa ERC les pueden dar mucho juego.

Elsa Artadi se perfila como la nueva vicepresidenta y responsable de Economía, el mismo papel que tiene en la actualidad Aragonès, pero cuya importancia se verá incrementada en cuanto comiencen a fluir los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia. En ERC se resisten a prescindir del área económica y buscan fórmulas para retener al menos parte de esas competencias que les han permitido cebar sectores cercanos.

En JxCat se mantienen fuertes en la tesis de que el reparto de cargos debe ser idéntico al que se acordó tras las últimas elecciones. Así, el partido ganador entre los independentistas, en este caso ERC, debería asumir presidencia, portavocía e Interior mientras que a JxCat le tocaría la vicepresidencia económica y Exteriores. El resto de carteras sí son negociables para los posconvergentes.

La importancia de la consejería de Acción Exterior y Relaciones Internacionales radica en que Puigdemont la quiere utilizar, según avanza La Vanguardia, como trampolín para su "Consell per la República", que no acaba de cuajar, y para condicionar los contactos con el Gobierno que ahora dirige casi en exclusiva ERC desde el departamento de Relaciones Institucionales.

El plazo para que se pongan de acuerdo termina el 26 de marzo si la CUP, que ha quedado fuera de las conversaciones, apoya el pacto al que lleguen republicanos y posconvergtes. En caso de que la CUP no vote a favor, la investidura se produciría en segunda vuelta.