La nueva presidenta del parlamento autonómico de Cataluña, Laura Borràs, no ha sido designada para normalizar y sosegar la vida parlamentaria catalana, sino todo lo contrario. Su programa se basa en la ruptura y en la actualización del golpe de Estado separatista, en el recrudecimiento de las hostilidades con la Justicia y en la superación de lo que los separatistas definen como "marco autonómico".
De entrada pretende cambiar el régimen cameral para que los diputados sólo se vean obligados a dimitir en caso de sentencia firme. Ella misma corre el riesgo de ser una de las primeras figuras separatistas en abandonar el tablero, pero no por sus amenazas de ruptura o amagos de desobediencia, sino por pura y dura corrupción, la misma corrupción que hasta pocas horas de su nombramiento parecía un obstáculo insalvable para ERC y la CUP.
Prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental son los delitos por los que se investigaba a Borràs en el Tribunal Supremo, dada su condición de diputada en el Congreso. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien se haga cargo de la investigación. El instructor deberá empezar de cero, lo que le da un margen a Borràs de año y medio como poco para desplegar su programa golpista.
Los primeros en investigar a Laura Borràs fueron los Mossos d'Esquadra, la primera policía en encontrar indicios de delito en los manejos de la actual segunda autoridad política de Cataluña en los tiempos en los que dirigía la Institución de las Letras Catalanas. La lupa policial se centró en 18 contratos menores por un importe de 259.863 euros entre los años 2013 y 2017 de los que el beneficiario fue Isaías Herrero, un informático amigo de Borràs. Herrero, por cierto, fue condenado a cinco años de prisión por tráfico de drogas en diciembre de 2019.
La supuesta "causa general"
Como sustento de la causa contra Borràs figuran los correos electrónicos entre ella y Hererro, en los que la entonces directora del Instituto de las Letras Catalanas guiaba a su beneficiario sobre cómo fraccionar facturas. Según su versión, todo el expediente forma parte de una supuesta causa general contra el independentismo del que ella es una víctima propiciatoria. Y eso a pesar de que la investigación la emprendieron los Mossos cuando era consejera de Cultura.
Sea como fuere, el Parlament será su parapeto así como una herramienta en el embate contra el Estado que Puigdemont y los suyos quieren reiniciar cuanto antes y a pesar de las reticencias de ERC. La cámara autonómica ha diseñado una mesa separatista con la inclusión de la CUP para forzar al máximo y es que según ha avanzado Borràs, ella habría dado luz verde a la sesión de investidura telemática de Carles Puigdemont y no habría aceptado la retirada del acta de diputado de Quim Torra tras su condena por desobediencia en el TSJC.
Desautorización de su antecesor
Tras las críticas implícitas a su antecesor, el republicano Roger Torrent, se esconde un programa de máximos. Borràs dice también que no permitirá lo que define como "injerencias de la injusticia española", lo que augura sesiones de más alto voltaje incluso que las vividas hasta el presente. El propósito es retomar el trabajo de choque donde lo dejó Carme Forcadell. Es decir, en las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 y en la declaración de independencia del 27 de octubre.
Todo ello con la intención, además, de que la legislatura sea corta, puesto que el propósito de Puigdemont es que haya elecciones cuanto antes, toda vez que considera que podría superar a ERC sin el factor del PDeCAT, que le restó 77.000 votos en los pasados comicios.
El plan de la política catalana pasa ahora por pactar un ejecutivo entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. La sesión de investidura del republicano Pere Aragonès está prevista para el próximo 26 de marzo, pero nadie augura que el suyo vaya a ser un mandato largo.