Recta final en la Eurocámara para conocer si el expresidente catalán, Carles Puigdemont y sus dos exconsejeros, también fugados en Bruselas, Toni Comín y Clara Ponsatí, conservan o no la inmunidad de la que gozan como europarlamentarios desde enero de 2020. El pleno del Parlamento Europeo votará a última hora del lunes si dar luz verde al suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo para retirar su inmunidad y facilitar su entrega a España para ser juzgados por su papel en el golpe rupturista de 2017 en Cataluña.
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara se pronunció la semana pasada a favor de retirar la inmunidad a los tres dirigentes separatista alegando que a Puigdemont, Ponsatí y Comín se les reclama por hechos anteriores a su elección como miembros del Parlamento y que por lo tanto, no guarda relación alguna con su actividad como eurodiputados. El ponente del informe también dejó claro que el Parlamento Europeo no debe cuestionar los procedimientos judiciales de los Estados miembros.
Con esta resolución favorable a levantar esta protección a los tres fugados, los 705 diputados de la Eurocámara deberán tomar una decisión final que, aunque se votará el lunes, no conoceremos hasta primera hora del martes 9 de marzo al inicio del pleno. Si el resultado avala la posición inicial de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y "será lo más probable", anticipan fuentes parlamentarias consultadas por Libertad Digital, quedará suspendida su inmunidad y en el caso de Puigdemont y Comín podrá reactivarse el caso en la justicia belga que deberá decidir si ejecuta la Orden Europea de Detención y Entrega. En el caso de Ponsatí, será la justicia británica la que resuelva ya que reside en Escocia.
La jugada de Llarena y el caso Puig
La defensa del fugado confía en que el caso del exconsejero Lluís Puig pueda sentar un precedente que les beneficie de cara a la decisión final de la justicia belga. En una reciente sentencia, el Tribunal de Apelación de este país rechazó la solicitud de entrega cursada contra el exconsejero de cultura catalán, por un presunto delito de malversación, al considerar que "el Supremo español no es el órgano competente" para juzgar el caso y que existe un claro "riesgo de violación de la presunción de inocencia" por las declaraciones de jueces y autoridades políticas españolas.
Para evitar el mismo desenlace, en una providencia del pasado 25 de febrero el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, dio un paso al frente a fin de implicar a la justicia de la UE en la posible entrega de Puigdemont. El magistrado ha preguntado a la Fiscalía, el resto de acusaciones y a la defensa de los fugados si consideran necesario presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para que fije "criterios estables" que aclaren las razones por las cuales se puede pedir y denegar una euroorden contra los procesados. Coincide esta jugada de Llarena con el pronunciamiento del Constitucional avalando la competencia del Supremo para investigar y juzgar la causa del procés.
Una clara maniobra para anticiparse a un nuevo portazo de la justicia belga y que de ser apoyada por las partes, obligaría a paralizar el procedimiento sobre el futuro político de Puigdemont, Comín y Ponsatí hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión se pronuncie. La Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha respaldado la propuesta del juez instructor y, en una reacción inédita, también lo ha hecho la defensa de Puigdemont que si bien ha expresado en un escrito que ha remitido al Tribunal Supremo que ve "innecesario" plantear una cuestión prejudicial al TJUE —aferrándose al caso Puig— no se opone a convertir en un árbitro al Tribunal de la Unión.
Aunque Puigdemont pierda esta semana su inmunidad, seguirá siendo eurodiputado hasta que se resuelva el caso. "Me quedo en Bélgica. El poder judicial belga debe decidir sobre la extradición a España. Pero si se levanta la inmunidad, recurriremos al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo", ha confirmado este fin de semana Puigdemont en una entrevista en el diario austriaco Die Presse.