El Gobierno ultima la entrega a Urkullu del control de las cárceles vascas y de casi 30 presos de ETA

El control de los centros penitenciarios del País Vasco es una vieja reivindicación del PNV. Lleva décadas tratando de negociar con los Gobiernos centrales la asunción de una competencia que está reflejada en el Estatuto de Guernica, pero que ningún inquilino del Palacio de La Moncloa había querido a sentarse a negociar hasta ahora. Ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy quisieron atender esta petición nacionalista.

Las cosas han cambiado con Pedro Sánchez. Y cambiaron exactamente a mediados de junio de 2018, cuando el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, visitó el complejo presidencial unas semanas después de la moción de censura que echó a Mariano Rajoy de La Moncloa para colocar al líder de los socialistas. Una moción de censura en la que el voto de los diputados peneuvistas fue de una importancia decisiva.

Los técnicos del Ejecutivo central y autonómico empezaron a negociar entonces el traspaso de varias competencias, entre ellas, la de prisiones. Pese a que la crisis del coronavirus ha retraso el calendario inicial, en las últimas semanas se ha intensificado el trabajo para que el traspaso de la competencia de prisiones se pudiera realizar durante este mes de marzo. Ambas partes han puesto la carne en el asador, pero no ha sido posible y se realizará el 1 de abril.

Prueba de ello son dos encuentros celebrados en los últimos días. El primero reunió en Vitoria a Fernando Grande Marlaska (ministro del Interior) con Josu Erkoreka (consejero vasco de esta materia). El segundo, reunió en Madrid a Miquel Iceta (ministro de Política Territorial) y a Olatz Garamendi (consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno). De esta última reunión salió la fecha definitiva del 1 de abril. Quedan varios puntos todavía pendientes de resolver.

El PNV quiere a los presos en la calle

En estos momentos está claro que el Gobierno vasco controlará la cárcel de Zaballa (Álava), la de Basauri (Vizcaya) y la de Martutene (Guipúzcoa). También que el departamento de Marlaska pagará las obras de construcción de la nueva prisión de Zubieta, que sustituirá a la de Martutene. Pero, por ejemplo, no queda claro cómo va a afectar a los funcionarios de prisiones, lo que ha afectado directamente a los últimos concursos de traslados.

La desconfianza que siempre ha habido en el Gobierno central sobre cómo podría gestionar el PNV la presencia de terroristas de ETA en prisiones bajo su control siempre ha estado detrás de que La Moncloa no haya efectuado el traspaso de esta competencia hasta ahora. La comparación es fácil, la otra autonomía que según su estatuto puede gestionar prisiones es Cataluña y la competencia le fue trasferida en 1983.

Diferentes dirigentes del Gobierno vasco ya han adelantado en los últimos meses que la cárcel solo debe ser un hecho excepcional en su nuevo modelo de gestión de las prisiones y que, por tanto, trabajarán porque la gran mayoría de los presos puedan abandonar las mismas lo antes posibles. Así lo dijo, incluso, la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, en el último pleno monográfico sobre prisiones que se celebró en el Parlamento de Vitoria.

Según dijo, la permanencia en prisión será una "opción extrema" que se empleará cuando "no exista otra alternativa". El objetivo estratégico de su plan es que el 40 por ciento de los presos puedan cumplir sus penas en régimen abierto, una cifra sensiblemente más alta que el 28 por ciento que se da en todo el territorio nacional.

Una treintena bajo el control de Urkullu

Esta nueva política afectara de lleno a los casi treinta terroristas de ETA que están cumpliendo condena actualmente en prisiones vascas, según los datos de Etxerat –la estructura de Batasuna que apoya a los presos de la banda terrorista– y de ATA –la escisión que apoyo al tiro en la nueva, el secuestro y los coches-bomba–. En esa cifra se incluyen los tres nuevos etarras cuyo traslado fue aprobado ayer viernes por el Ministerio del Interior.

De esta treintena, ocho se encuentran ya en régimen abierto. Es decir, van a la cárcel únicamente a dormir de lunes a jueves. El resto del tiempo y de las noches están trabajando o buscando trabajo fuera de prisión, o haciendo vida normal en la calle, o en sus respectivos domicilios.

Se trata de los etarras Javier Aguirre, José Ramón Foruria –dio información para un atentado con cuatro en el que murieron cuatro guardias civiles–, Sebastián Echániz –participó en tres asesinatos–, Aitzol Gorgoza, Frederic Haramburu, Txus Martín Hernando –participó en el asesinato de un agente de la Ertzaintza– y Patxi Uranga.

Entre ellos, hay una excepción, la etarra Olatz Lasagabaster, pareja sentimental de Patxi Uranga y con quien tiene dos hijos, ya que al no haber módulo de madres en la prisión de Martutene vive directamente en su casa, controlada con una pulsera telemática, para que solo salga de su domicilio entre las 8.00 y las 20.00 horas.

Otro etarra, Kepa Arronategui, que planeó atentar contra el rey Juan Carlos I en el Museo Guggenheim de Bilbao, está ingresado en el ala psiquiátrica del centro hospitalario Aita Menni de Guipúzcoa. El último de estos etarras, Ibón Iparraguirre, está en Vitoria, en el centro Besarkada Etxea, destinado a personas con VIH avanzado que no tienen apoyo familiar.

Los acercamientos de Pedro Sánchez

Una cifra de puede aumentar en cualquier momento, no en vano, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva más de un año acercando poco a poco a los etarras o bien a prisiones en el País Vasco y Navarra o bien a cárceles más cercanas a estas regiones que en las que estaban cumpliendo su pena. Un riego constante que se produce de manera inalterable cada viernes y que no tiene visos de frenarse.

Esa política de acercamientos fue una exigencia que Pedro Sánchez tuvo que escuchar tanto de EH Bildu –la coalición que integra a los herederos de Batasuna-ETA– como del PNV durante el debate de la moción de censura que le invistió como presidente y durante el debate para aprobar los presupuestos. En ambas citas, ambas formaciones dieron su apoyo a Sánchez. Y parece que Sánchez está cumpliendo.

Las cifras hablan por sí solas. Los datos del Observatorio de la Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) indican que desde que Sánchez llegó al Gobierno se han producido un total de 169 acercamientos, correspondientes a 154 terroristas. Esto quiere decir que en apenas dos años el departamento de Marlaska ha cambiado de prisión al 75 por ciento de los terroristas de ETA que están cumpliendo condena.

Según los datos del Observatorio de esta asociación, algo más del 15 por ciento de los etarras presos se encuentran ya en cárceles del País Vasco o Navarra, algo más del 40 por ciento se encuentran a menos de 200 kilómetros de estas regiones y tan sólo el 40 por ciento están actualmente a más de 200 kilómetros de la comunidad vasca o la navarra.