Unidas Podemos y formaciones independentistas como Bildu, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP defenderán el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para acabar lo que consideran una "imposición legal del castellano" en España, y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer nuevas, como el asturiano, en referencia al dialecto bable.
Estos partidos, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, justifican la presentación de esta iniciativa en la necesidad de que España cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y garantice, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.
"Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística", señalan en el texto, apuntando la situación de "discriminación" a la que, a su juicio, han sido sometidos en algunas regiones con lenguas distintas del español.
El mismo reconocimiento que el castellano
Así las cosas, en su proposición, de cuya defensa en el Pleno se encargará Bildu, los partidos firmantes instan al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el vasco, el gallego o el valenciano gocen "del mismo reconocimiento" que el español, y sus hablantes "de los mismos derechos y deberes", y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan.
En la redacción original, los proponentes —entre los que inicialmente se encontraba ERC— también emplazaban al Gobierno a garantizar el uso de las diferentes lenguas en instituciones nacionales, entre las que citaban las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española (RTVE).
Sin embargo, la Mesa del Congreso, atendiendo las indicaciones de los letrados de la Cámara, pidió a las fuerzas políticas promotoras de esta iniciativa reformular este punto en tanto que no pueden instar al Ejecutivo a acometer actuaciones que "exceden de su competencia", según argumentaron los servicios jurídicos de la Cámara.
En el texto final aparece este punto ya modificado, con el que Unidas Podemos y el resto de partidos llaman al Gobierno a aprobar las iniciativas legislativas oportunas para garantizar el uso de las lenguas diferentes del español en las Cortes Generales, los tribunales Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional, organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, u otras empresas y entidades públicas como RTVE.
Además, reclaman que el Estado garantice la capacitación de las lenguas cooficiales del personal de todas las administraciones públicas, incluida la Justicia, y el uso generalizado en las páginas oficiales, así como el "reconocimiento internacional" de estas lenguas "en paridad con el castellano".
"Imposición legal exclusiva del castellano"
Además, reclaman que se permita el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico —dentro y fuera de las fronteras administrativas—, y que se suscriban acuerdos para la recepción recíproca de los medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos.
Exhortan también al Gobierno a que apoye las reformas estatutarias con el fin de que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias que aún no han obtenido esa condición y citan como ejemplo el dialecto bable asturiano.
Por último, piden poner fin con "la imposición legal exclusiva del castellano" en la normativa estatal por afectar "de manera frontal" al ámbito económico y, singularmente, al etiquetado, y exigen la puesta en marcha de una política que termine con esta "discriminación" y fomente el conocimiento de otras lenguas.