La Fiscalía ha decido archivar la investigación del chat privado de militares retirados al no apreciar delito de odio. La Fiscalía Provincial de Madrid abrió la investigación a raíz de un escrito enviado por el Ministerio de Defensa que daba cuenta de una información relativa a un chat privado de Whatsapp de un grupo de militares en el que se hablaba de la posibilidad de dar un golpe de Estado contra la Gobierno o de "fusilar a 26 millones de hijos de puta".
El representante del Ministerio Fiscal afirma que los mensajes que aparecen en un chat "privado" formado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire no son constitutivos de un delito de discurso de odio. Y ello porque sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes "con libertad" y "en la confianza de estar entre amigos" sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito.
El Ministerio de Defensa informó a la Fiscalía de que los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, "algunos hace más de 40 años", por lo que ninguno tiene la condición militar de servicio activo o en la reserva. Es más, también afirmó que ninguno de ellos se encuentra en activo en otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Defensa, por lo que la actuación del grupos quedaban fuera de su ámbito de la competencia administrativa o disciplinaria. A su vez, la Brigada Provincial de Información comunicó que el denominado "La XIX del Aire" es un chat privado, razón por la cual no se ha podido tener acceso al contenido del mismo, aunque sí se han acreditado los que se han hecho públicos.
Por tanto, existe para la Fiscalía un dato objetivo, y es que se trata de un chat privado "donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás participes" y sin que exista voluntad alguna "de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos". Así, concluye que "no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo".
Dado que no se han podido contextualizar los comentarios publicados, la Fiscalía advierte de que "aisladamente" contemplados "constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno". Es más, los entiende como una crítica "dura" enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, "constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre".
Eso sí, precisa que, en su opinión, "los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior y sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual".
Por último, la Fiscalía se refiere al campo de acción "más amplio" que tiene la libertad de expresión sobre la libertad de información "que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados", de ahí que un criterio fundamental de enjuiciamiento de su legitimidad sea el de la veracidad. No ocurre lo mismo con la libertad de expresión que "alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada".