El Gobierno celebra esta semana un gran acto propagandístico para poner de manifiesto el final del terrorismo autóctono en nuestro país. Quiere oficializar de este modo el final de la actividad criminal de ETA y Grapo. Para ello, tiene previsto destruir casi 1.400 armas de todo tipo que han sido incautadas en los últimos años a ambas organizaciones terroristas, aunque la gran mayoría de ellas, evidentemente, pertenecían a ETA.
El escenario de la representación será el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil, en Valdemoro (Madrid). Al mismo asistirán algunos representantes del Gobierno, como el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. También están confirmados varios miembros del Poder Judicial, de la Fiscalía y diferentes autoridades autonómicas y locales.
Una representación institucional que se completará con la asistencia de representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra, cuerpos de Policía Local, funcionarios de Instituciones Penitenciarias y de las Fuerzas Armadas. Y, como no podía faltar, se ha cursado invitación a los principales representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo.
Esta invitación ha causado diferentes posicionamientos entre las asociaciones de víctimas del terrorismo. La más veterana de todas, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), ha confirmado este miércoles a Libertad Digital que asistirá al acto y que será su presidenta, Maite Araluce, quien les represente en el acto.
Distinta opción han tomado otras asociaciones. Dignidad y Justicia, la asociación presidida por Daniel Portero, ha emitido este miércoles un comunicado en el que no asistirá al acto porque "no es más que una maniobra publicitaria de este Gobierno, con su Presidente a la cabeza, que trata de tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo".
"Un presidente del Gobierno que, desde que ejerce su mandato, no se ha reunido nunca con las asociaciones de víctimas del terrorismo, más que cuando las usó en 2018 para escenificar otro movimiento político como fue la entrega de los documentos intervenidos a ETA, por parte de las autoridades judiciales francesas, no merece la presencia de la Asociación Dignidad y Justicia a su convocatoria", dicen desde la asociación.
"Un Gobierno que, de manera semanal, acerca y progresa en grado a cinco presos de la organización terrorista ETA y les permite con ello acceder a beneficios penitenciaros, con más de 150 acercamientos y progresiones en grado en su conciencia, no puede tener a esta Asociación a su lado sino enfrente y así será mientras no modifique su hoja de ruta en materia de política penitenciaria y su desafección hacia las víctimas del terrorismo", continúa.
En parecidos términos se expresa el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha anunciado también que no asistirá. Según han adelantado a este periódico, "es una escenificación que da a pensar como que la historia del terrorismo de ETA está cerrada y no es así. Quedan terroristas por detener y esas armas podrían ser pruebas de crímenes pendientes". "Es una escenificación que no compartimos", añaden.