El estado de las negociaciones en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apunta a un paréntesis pero no a una ruptura definitiva, según las fuentes gubernamentales consultadas por Libertad Digital. Según Moncloa, todavía es posible un acuerdo aunque "la pelota está en el tejado de Casado y él debe mover ficha", habida cuenta de que es él quien veta los dos nombres tabú que proponía Podemos pero que "siempre" estuvieron en la lista del PSOE: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada.
Desde el Ejecutivo no ocultan que esos dos nombres se llevaron en secreto y no quisieron confirmarlos, ni públicamente ni en privado, en la negociación con el PP hasta una semana después de que se iniciara. Una treta que dinamitó la negociación el jueves pasado por la noche. Siete días de negociación en los que se vendió un pacto "inminente" y en el que no se habló de Rosell y De Prada.
Sin embargo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, aseguró este lunes desde Ferraz que el PP "sí conocía los nombres desde hace tiempo", no ya en esta negociación sino durante "el anterior intento, después de la moción de censura, el nombre del juez De Prada estaba ya presente", señaló al ser preguntada por este diario.
Pese a que la presidenta del PSOE dio por "rota la negociación", el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tendió la mano nuevamente al PP sin dar por cerrada la posibilidad de un pacto: "Los que me conocen saben que no descansaré para que sea una realidad". El notario mayor del Reino mostró su cara más amable al asegurar que "no es momento de reproches, pero sí es momento de invocar la necesaria y obligada generosidad que hemos de tener para fortalecer el Estado de derecho. Sin instituciones y la renovación de las mismas provocamos, queriéndolo o sin querer, un debilitamiento del Estado democrático y de derecho en el que nos encontramos".
En Moncloa no sólo confirman que De Prada era su candidato sino que lo calificaban como un juez "impoluto" que defendió el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A día de hoy todavía pretenden insistir en su elección. Fuentes gubernamentales impugnan las tesis de politización de Casado porque "sería lo mismo que asumir que no existe independencia judicial" y que "los jueces que investiguen a un partido político no podrán optar nunca a un puesto" en el órgano de gobierno de los jueces.