La fiscal Lorena Álvarez Taboada ha acusado a los denunciantes del caso Neurona de tener "animadversión" hacia Podemos. Esta representante del Ministerio Público fue asesora del exministro de Justicia del PSOE, Francisco Caamaño y recientemente integró una comisión encargada de elaborar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal junto al actual ministro del ramo Juan Carlos Campo.
La fiscal realizaba esta acusación en un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga, entre otros delitos, la financiación ilegal de Podemos. Álvarez Taboada contestaba el recurso presentado por la formación morada contra varios hechos denunciados por la que fuera responsable de Cumplimiento Normativo del partido, Mónica Carmona, que fue despedida en diciembre de 2019 junto al letrado José Manuel Calvente.
La representante del Ministerio Público proponía investigar en una pieza separada los casos de la asesora-niñera de Irene Montero y las costas judiciales cobradas por Pablo Iglesias, que desveló LD. No obstante, dejaba la siguiente acusación hacia la denunciante Mónica Carmona: "La testigo añade más hechos que no fueron inicialmente denunciados y que ninguna relación guardan con este procedimiento y que no hacen sino reforzar la idea inicial de animadversión de la denunciante".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital consideran que "una fiscal no puede hacer juicios de valor sobre los testigos, y mucho menos cuando ha quedado acreditada la existencia de indicios de delito tanto por el Juzgado como por la propia Fiscalía, y han sido ratificados por la Audiencia Provincial". "La Fiscalía debería cumplir con sus funciones y evitar ponerse del lado de los investigados cuando existen indicios de delito", añaden.
No es la primera vez que la fiscal del caso Neurona, exasesora de Gobiernos socialistas, arremete contra los denunciantes de la causa ‘comprando’ los argumentos esgrimidos previamente por Podemos en sus escritos. Hace unos meses, siguiendo el argumentario de la formación de Iglesias aseveró que la denuncia de José Manuel Calvente, que dio origen a la causa, se basaba en "rumores, sospechas o suspicacias".
A lo largo de la instrucción, la fiscal ha solicitado archivar todas las presuntas irregularidades denunciadas por Calvente, a excepción de la contratación de la consultora Neurona. También, se opuso a la personación como acusación de la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, que ha sido corregida por la Audiencia Provincial de Madrid. En otro escrito, rechazó la facultad otorgada por el juez Escalonilla a los investigadores expertos en blanqueo de la Policía para recabar toda la información necesaria sobre las cuentas bancarias sospechosas de Podemos, calificando dicha autorización de "excesiva".
La propia Álvarez Taboada aseguró en octubre que no existían indicios sobre la financiación irregular de Podemos, pero apuntaba que el hecho de mantenerle como investigado en la causa "resulta más garantista". Además, añadía que si el partido no tuviera la condición de investigado "mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento".
Muy cuestionada ha sido también su actuación durante los interrogatorios. Fuentes del caso consultadas por LD afirmaban que la fiscal "actúa más como abogada defensora de Podemos que como fiscal". "Hace muy pocas preguntas y todas orientadas a beneficiar a Podemos, no a investigar los hechos", denunciaban.
Asesora de ministros de Justicia socialistas
La fiscal Lorena Álvarez Taboada asesoró a Francisco Caamaño, que fue ministro de Justicia con el PSOE durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero entre el año 2009 y el 2011, en un cargo de "libre designación" del Ministerio que corresponde a la plantilla de jueces y fiscales. Su tarea la desempeñaba en comisión de servicios. Posteriormente, tomó posesión como fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado dirigida entonces por Cándido Conde-Pumpido.
Además, la representante del Ministerio Público ha participado recientemente en la comisión encargada de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia del también socialista, Juan Carlos Campo. Tras conocerse esta información, desde la Fiscalía General del Estado consideraban que "no hay conflicto de intereses alguno porque no tiene una vinculación orgánica con el Ministerio de Justicia ni, por ende, con el Gobierno, y su participación en la comisión de expertos fue un trabajo puntual".