La Fiscalía que dirige Dolores Delgado mantiene abierta la investigación a Juan Carlos I por las presuntas comisiones en la construcción del AVE a la Meca para "presionar" a Felipe VI. Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital que denuncian que la Fiscalía del Tribunal Supremo, a pesar de asumir hace 8 meses dicha investigación al rey emérito, "ni archiva, ni judicializa el caso".
En octubre, varias informaciones apuntaban que el Ministerio Público "iba a archivar" este caso porque no se había acreditado que Juan Carlos I hubiera cometido delitos fiscales o de blanqueo de capitales. La razón era que el rey emérito en el tiempo en el que había cometido los presuntos delitos era inviolable. A pesar de ello, la Fiscalía no ha dado el paso de archivar la causa o bien judicializarla, remitiéndola a la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra mediáticamente en apuros, afloran nuevos datos sobre la instrucción contra el rey emérito". Recordamos que Dolores Delgado pasó de ser la ministra de Justicia en el Ejecutivo del PSOE a ser designada fiscal general del Estado.
Además, la investigación fue encomendada por Delgado al fiscal de Sala del Supremo especialista en Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos. Posteriormente, Delgado eligió a Campos como su mano derecha en el Ministerio Público como teniente fiscal del Supremo, en sustitución del jubilado, Luis Navajas.
"Al mantener la causa abierta, se quiere presionar al monarca Felipe VI y a la Corona. Tras una investigación de 8 meses tan especial que no ha conseguido acreditar los delitos, el Ministerio Público debe adoptar ya una decisión. Delgado sabe que en el momento en que la causa se judicialice, la Sala Penal del Supremo la va a archivar", añaden.
Cabe destacar que la conclusión de que Juan Carlos no podía ser procesado por este caso se obtuvo "hace tiempo". Sin embargo, "se apuró la instrucción con más diligencias porque el asunto estaba siendo investigado por la Fiscalía suiza". Concretamente, por el fiscal Yves Bertossa, cuyo padre fue el fiscal general de Ginebra e íntimo amigo del que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
La Fiscalía del Supremo asumió esta investigación el pasado mes de junio que había iniciado previamente la Fiscalía Anticorrupción. Según indicaba el Ministerio Público en un comunicado, la investigación se refería a la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado AVE del desierto que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
La investigación se centraba en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la "inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado".
Otras causas abiertas a Juan Carlos I
El pasado mes de noviembre, la Fiscalía anunciaba el inicio de una nueva investigación, la tercera, al rey emérito Juan Carlos I, tras haber recibido información de "inteligencia financiera". Concretamente, un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
La nueva investigación se unía a las otras dos causas ya abiertas en la Fiscalía del Supremo por las posibles comisiones procedentes de la construcción del AVE a la Meca y otra sobre unos pagos con una tarjeta opaca de altas cantidades de dinero por Juan Carlos I y otros familiares suyos con origen en una cuenta en la que no figuran como titulares.
En relación a los pagos con una tarjeta opaca, el rey emérito presentaba en diciembre una declaración tributaria "sin requerimiento previo" y abonaba 678.393,72 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal, y anunciaba que estaba "como siempre", a disposición del Ministerio Fiscal "para cualquier trámite o actuación que considere oportunos". Don Juan Carlos, que abandonó España el pasado mes de agosto, reside desde entonces en los Emiratos Árabes Unidos.
