Violencia contra Vox y la Generalidad mete miedo: "Votar es seguro, pero vayan con cuidado"

Los electores de Cataluña afrontan una compleja cita con las urnas después de una campaña atípica por la pandemia y plagada de irregularidades. Los ataques a Vox, jaleados por los nacionalistas y no condenados por el resto de las formaciones, han sido la nota más destacada. También la participación de los golpistas presos, puestos en libertad por los servicios penitenciarios de la Generalidad en un tercer grado que la fiscalía ha evitado recurrir durante la campaña.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de fijar la celebración de los comicios el 14 de febrero, tras el intento de aplazamiento del Govern, fue el pistoletazo de salida de una campaña en la que los presos se han movido a sus anchas y en la que no han dado precisamente muestras de arrepentimiento. Tres años y medio después del golpe de Estado, Junqueras y el resto de los condenados por la asonada se pasean como héroes por Cataluña entre felicitaciones y homenajes de sus partidarios. No se ha acuñado ningún "efecto Junqueras" y no parece que sus intervenciones en los mítines de ERC vayan a tener un correlato en las urnas. Han servido, eso sí, para poner de manifiesto una derivada de la "anormalidad democrática" de la que habló Pablo Iglesias también en esta campaña: un condenado por sedición y malversación dando discursos y gozando de espacio en los medios. Especialmente significativo resultó el acto en Gerona con Arnaldo Otegi, comparecencia en la que Marta Rovira desde Suiza presentó al líder de Bildu como un hombre que "sabe llegar hasta el final".

Otro de los rasgos destacados de la campaña de los separatistas ha sido la ocultación del último presidente de la Generalidad, Quim Torra, amortizado y arrinconado por los suyos como un apestado político. Puigdemont ni siquiera le deja militar en Junts per Catalunya.

Y mientras los condenados por la asonada de otoño del 17 se movían a sus anchas, los dirigentes de las formaciones constitucionalistas no han podido decir lo mismo. Ciudadanos y el PP han optado por actos de pequeño formato y a cubierto con la excusa de la pandemia. En cambio, Vox apostó por una campaña más clásica, también con actos reducidos, pero a pie de calle. Pronto se dieron cuenta de lo arriesgado de su estrategia. A última hora, la Junta Electoral Central ha exigido a la Generalidad que garantizase el derecho de participación política de Vox. Tras los graves incidentes protagonizados por violentos separatistas, apedreamientos de candidatos y simpatizantes y las habituales amenazas de muerte de las hordas de los Comités de Defensa de la República (CDR), los Mossos no han practicado ni una sola detención.

Según Santiago Abascal, la pasividad de los Mossos respondía a instrucciones políticas y demandará al consejero de Interior, Miquel Sàmper (JxCat), que llegó a responsabilizar a Vox de la violencia contra Vox. Meritxell Budó, por su parte, afirmó que los dirigentes de Vox ponían en riesgo a los manifestantes que les tiraban piedras y la exdirigente de la CUP Mireia Boya pedía en TV3 que los candidatos de Vox fueran recibidos a pedradas. Y todo ello en medio del silencio de PP, Cs y PSC, cuyo candidato, Salvador Illa, ha tratado de capitalizar el hartazgo del proceso separatista y ha topado con el cordón sanitario que le han montado sus socios separatistas en Madrid.

Desincentivar la participación

Al tiempo, y conscientes de que un alta abstención juega a favor del independentismo, la Generalidad no se ha caracterizado precisamente por hacer llamamientos a la participación. El partido con un voto más fiel es el de Puigdemont y esa puede ser una baza definitiva en el sprint final con ERC, que semanas antes de la campaña lideraba claramente las encuestas y ha llegado desfondada al tramo final, que presenta un triple empate entre los dos principales partidos separatista y la candidatura de Salvador Illa, quien puso más empeño en que las elecciones se llevaran a cabo a pesar de la pandemia.

Al cierre de la campaña, se han presentado más de 30.000 de recursos de personas escogidas por sorteo para formar parte de las mesas. Muchos de esos recursos, entre tres mil y diez mil según las fuentes, no se contestarán. En este caso, el silencio administrativo obliga a los ciudadanos a comparecer en las mesas el día señalado, advierten los jueces de las juntas electorales.

El consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé (ERC), responsable de la organización de las elecciones ha asegurado este viernes que el 99,9% de las mesas se podrán constituir con normalidad. En más de la mitad, el 66%, estarían confirmados los nueve miembros, tres titulares y seis suplentes.

En paralelo, el director general de Participación Electoral, Ismael Peña-López, alertaba de que "votar es seguro, pero vayan con cuidado". Peña-López también aventó la posibilidad de que se retrasara la difusión de los resultados si un número significativo de mesas no podía constituirse. Preparaba el terreno para la hipótesis de un "secuestro" de los datos si un tercio de las mesas se tenían que constituir dos días más tarde por falta de personal.