El PP ha denunciado las "vinculaciones políticas" de las acusaciones populares personadas en el juicio sobre la caja B a través de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa ADADE, el diputado de IU, Enrique Santiago o el abogado Gonzalo Boye.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede nacional del PP en la calle Génova con dinero procedente de la caja B de los populares. El extesorero del partido, Luis Bárcenas, se enfrenta a 5 años de prisión por falsedad documental, fraude fiscal y apropiación indebida. La vista oral ha comenzado con las cuestiones previas de las que el tribunal deberá pronunciarse este martes.
La defensa del PP, al que Anticorrupción considera responsable civil subsidiario del posible delito fiscal, ha denunciado ante el tribunal a través del abogado Jesús Santos las "vinculaciones políticas" de las acusaciones populares que forman parte de este proceso.
En un escrito presentado al tribunal, el letrado de los populares recuerda que el sindicato Manos Limpias renunciaba recientemente a seguir manteniendo la acusación argumentando para ello "el gran número de acusaciones populares personadas en autos que podría vulnerar el principio de igualdad de armas y podría producirse indefensión a los acusados […] seis acusaciones populares es algo que podría afectar a su derecho de defensa".
Entre las acusaciones populares personadas en el juicio, se encuentra IU a través del diputado y abogado Enrique Santiago, Pablo Nieto, exconcejal en Boadilla del Monte por el PSOE; Ángel Luna, alcalde de Alicante entre 1991 y 1995 y portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas de 2007 a 2011 por el PSOE (Ximo Puig Ferrer: aparecía como querellante) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa ADADE.
Sobre ADADE, el PP recuerda que esta asociación está "plenamente incardinada en la vida política del PSOE", que su presidente honorario, José Mariano Benítez de Lugo, durante si intervención en la Comisión de Investigación sobre la Financiación de Partidos Políticos en el Senado en noviembre de 2017 aseguró "que hace veintitantos años que soy abogado del Grupo Municipal Socialista".
Por último, la defensa del PP advierte de la acusación popular del observatorio DESC, vinculada a Podemos en Cataluña y a JxCaT, que lidera el abogado de Carles Puigdemont o Quim Torra, Gonzalo Boye.
Extralimitaciones de la acusación
Los populares denuncian a su vez "los excesos y extralimitaciones de los escritos de acusación". "Acusan por hechos declarados prescritos, sobreseídos por falta de indicios y atípicos". Además, acusan realizando unas calificaciones jurídicas incompatibles con el relato de hechos del auto de Procedimiento Abreviado (procesamiento).
Por último, los populares recuerdan la "falta de legitimación de las acusaciones populares para el ejercicio en solitario de la acción penal. Concretamente, el artículo 782.1 de la LECrim y los artículos 24.1 y 2 CE que subrayan la "imposibilidad de decretar la apertura del juicio oral por un delito contra la Hacienda Pública a solicitud únicamente de las acusaciones populares".