La fiscal Pilar Santos ha expuesto su informe final en el juicio contra la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por el caso máster. La Fiscalía ha dado por acreditado el delito de falsedad documental del que se le acusa a Cifuentes y por el que se le solicita 3 años y 3 meses de prisión.
Según la fiscal, la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se confeccionó con la finalidad de "salvar su reputación y su carrera política".
Con mucha contundencia, la representante del Ministerio Fiscal ha detallado cada una de las supuestas irregularidades que cometió Cifuentes. En su exposición, ha relatado que la expresidenta regional conoció el máster de la URJC a través de Dionisio Ramos, quien le puso en contacto con el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde (fallecido). Álvarez Conde "le dio todas las facilidades necesarias" para conseguir el título pese a no ir a clase y entregándole a él mismo trabajos en papel sin perjuicio del titular de la asignatura.
"Nunca hubo comunicación con los profesores ni nunca la señora Cifuentes se interesó por las notas. Nada de lo manifestado por ella ha sido acreditado pero lo cierto es que sus calificaciones, menos la del catedrático Pablo Chico y la del TFM, fueron introducidas en el sistema", ha señalado.
La fiscal ha concluido que está acreditado que fue la inductora del acta falsa "a la vista de que se quería salvar su reputación", por lo que el acta debía "responder a las exigencias" del entorno de la expresidenta regional.
En su declaración, la propia Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.
El juicio podría quedar hoy visto para sentencia y las partes están exponiendo sus conclusiones finales, para luego dar paso a la última palabra de las tres acusadas. La defensa de la expresidenta regional, que dirige el abogado José Antonio Choclán, solicitará la libre absolución de su patrocinada apuntando a la responsabilidad de la universidad.