El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como imputado el próximo lunes 8 de febrero al presidente de La Razón y miembro del Consejo de Administración de Atresmedia, Mauricio Casals, en relación al encargo al comisario José Villarejo de espiar al fundador del grupo Zed, Javier Pérez Dolset y su hermano.
El juez ha citado a Casals después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocase la decisión del propio García Castellón de archivar esta pieza sobre el llamado Proyecto Brod, la nº 18 del caso Tándem, ante la falta de indicios para atribuir la autoría del delito de cohecho a las personas señaladas por Pérez Dolset.
Tras examinar el caso, la Sala ordenó al juez proseguir con la instrucción con la toma de declaración a Casals, "al ser esta la única persona respecto de la cual, por el momento, hay indicios de su posible participación en los hechos objeto de investigación".
Esta pieza se abrió en julio de 2019 después de que Dolset aportara dos audios relacionados con esas contrataciones con las que, según él mismo explicó, el secretario del consejo de Planeta, Luis Elías, habla de pagar un anticipo al comisario de 20.000 euros para investigar un arbitraje a la emisora Kiss FM.
Dolset afirmó que lo que se pretendía con ese trabajo a cargo de Villarejo era investigar al árbitro que falló a favor del propietario de Kiss FM, Blas Herrero.
El proyecto Brod
La Sala Penal de la Audiencia Nacional explicaba que la Policía encontró en la documentación intervenida en las diligencias de entrada y registro del domicilio de Villarejo un supuesto encargo realizado al comisario por un desconocido, denominado como "K". Éste había sufrido una serie de ataques continuados de naturaleza económica, social, mediática y jurídica, por los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, titulares de la mayoría del capital del grupo Zed.
Entre la documentación hallada, había un estudio económico del Proyecto Brod, cuya primera fase, con un coste estimado de 275.000 euros, tenía por objeto la realización de acciones dirigidas a averiguar la intención contractual de los hermanos Pérez Dolset con respecto a K y a forzar que el resultado final beneficiase a los intereses de este último.
La segunda fase se dedicaba a la continuación de las investigaciones para determinar los riesgos de alteración de los acuerdos y se dejaba abierta la posibilidad de una ulterior fase de control y mantenimiento de la situación conseguida, con muestreos aleatorios de conducta de los hermanos Pérez Dolset y, con mayor intensidad, de los adversarios del sector que deseasen alterar el equilibrio contractual.
Los documentos contenían un detallado informe sobre la trayectoria profesional, patrimonio, intereses económicos e imagen pública de los hermanos Pérez Dolset, con especial referencia al grupo ZED y al litigio de doce años de duración que había sostenido dicho grupo con el Banco Santander y que había concluido con un acuerdo extrajudicial.