El gobierno de la Generalidad tratará de evitar que la ciudadanía pueda desplazarse sin cortapisas por Cataluña con la excusa de los mítines electorales. Tras haber anunciado este martes que al amparo del derecho de participación política se podría romper el confinamiento municipal para asistir a actos electorales, hoy ha informado de que ha convocado a los partidos a una reunión para este jueves en la que abordar la imposición de nuevas reglas.
El trascendido de que se podría acudir a mítines en otros municipios levantó una oleada de críticas por parte de diversos sectores. Muchos socios del F. C. Barcelona mostraron su indignación porque las elecciones del club se han tenido que suspender entre otras razones por la prohibición de desplazamientos salvo por motivos laborales, de salud y otras causas de fuerza mayor entre las que no consta elegir al presidente azulgrana. También desde el mundo del espectáculo mostraron su contrariedad, toda vez que también está prohibido trasladarse de localidad para ver una obra de teatro.
Meritxell Budó (JxCat), la portavoz del Govern, en su comparecencia del martes subrayó que no habría restricciones de movilidad para asistir a mítines para preservar el derecho de participación política y explicó que en el certificado de responsabilidad que se pueden descargar los ciudadanos se incluiría la asistencia a actos políticos.
Ya por la tarde, el vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragones (ERC) comenzó a matizar el mensaje y apeló al "sentido común". Dijo que el primer interesado en no celebrar elecciones en medio de la tercera ola de la pandemia era el Govern, que se sigue pidiendo a la gente que limite al máximo sus movimiento y que la prohibición de cambiar de municipio para asistir a un mitin era recurrible ante los tribunales. Además, recordó que los derechos de manifestación y participación política ya se encontraban entre las excepciones establecidas por la Generalidad.
Ante el aluvión de críticas, esta mañana Aragonès ha anunciado la convocatoria de la mesa de partidos para este jueves con un único punto en el orden del día: que los mítines se lleven a cabo exclusivamente con público local y que haya un registro previo de participantes. Pero no está claro que todos los partidos vayan a estar de acuerdo. Por ejemplo, el PSC es poco partidario de las restricciones de movilidad y de las limitaciones de aforo.
Miembros de las mesas electorales exigen el aplazamiento
La posibilidad de contraer el coronavirus es el argumento más empleado por buena parte de las 75.000 personas elegidas por sorteo para formar parte de las mesas electorales del próximo 14 de febrero en Cataluña. Muchas de ellas se están organizando en grupos que piden en las redes sociales el aplazamiento de los comicios hasta que la pandemia haya remitido.
No son pocos quienes aseguran ante los medios de comunicación que se plantean no acudir a la mesa si no se les admiten las alegaciones. Saben que la incomparecencia puede acarrear pena de cárcel de tres meses a un año o una multa de 1.800 euros, pero manifiestan que prefieren asumir esas consecuencias que exponerse a la posibilidad de contraer la enfermedad.
Las posibilidades de eludir el compromiso son pocas y están muy reguladas. Tener más 65 años, enfermedades crónicas, estar embarazada de más de seis meses, estar de baja laboral o prestar servicios esenciales (sanitarios, bomberos y policías, entre otros) son algunas de las causas que eximen de formar parte de las mesas.
Las primeras protestas procedían de entornos separatistas ofuscados por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de mantener los comicios el 14 de febrero. Apelaban a una suerte de objeción de conciencia y animaban a no acudir a los colegios el día indicado para boicotear las elecciones. Sin embargo, esa corriente se ha visto superada por quienes al margen de consideraciones políticas aducen el temor al contagio. En la red social Twitter utilizan la etiqueta #meses14F (meses es mesas en catalán) para mostrar su rechazo a la convocatoria electoral.
Se quejan de falta de información y de que en la última hora de la votación, de siete a ocho de la tarde, se verán sometidos a un alto riesgo de contagio, puesto que esa es la franja designada por el gobierno catalán para que voten las personas contagiadas y sus contactos. La Generalidad ha dicho que hará pruebas de antígenos a los componentes de las mesas y que les proporcionará mascarillas y también equipos de protección individual para el último tramo de la votación. Los afectados aseguran que nadie les ha explicado cómo utilizar dichos equipos y que para ponérselos hacen falta dos personas y una mínima experiencia.
Las juntas no atienden presencialmente
También se quejan de que a causa de las medidas excepcionales por la pandemia, las juntas electorales de zona no atienden presencialmente las alegaciones de los escogidos, pero en cambio dichos escogidos deberán recoger los votos de manera presencial.
El director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalidad, Ismael Peña López, afirma que no habrá riesgo alguno en los colegios electorales, que los miembros de las mesas contarán con asistencia sanitaria y medidas de seguridad añadidas como los equipos de protección individual para el tramo de los votantes contagiados y difunde a través de Twitter el manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales que muchos de ellos denuncian que no reciben con la notificación de que han resultado elegidos para formar parte del proceso electoral.
A la contra, muchos de los designados plantean quejarse ante el "síndic de greuges", el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, quien ha mostrado en todo momento su rechazo a la celebración de las elecciones autonómicas en estas circunstancias epidemiológicas.