El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil —lo que antes se conocía como zona catastrófica— para los territorios afectados por el temporal de nieve Filomena, con el objetivo de "agilizar" las ayudas.
Así lo ha anunciado este martes la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha precisado que las comunidades afectadas son Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, La Rioja, Navarra y Madrid.
Montero ha informado de la situación actual de las infraestructuras de transporte y ha precisado que en ninguna carretera de la red principal es necesario el uso de cadenas, aunque quedan todavía 24 vías con cortes y restricciones en el resto de la red. En cuanto a los trenes, ha añadido que ya se han recuperado todos los trayectos de larga y media distancia y que las limitaciones de velocidad se han logrado reducir a retrasos de unos 10 minutos.
Respecto al tráfico aéreo, ha indicado que AENA ya funciona con normalidad y que, en Adolfo Suárez-Madrid Barajas se han operado ya "todos los vuelos programados por las aerolíneas".
El objetivo del Ejecutivo es, según ha defendido Montero "agilizar el conjunto de los procedimientos para que lleguen pronto las ayudas y evitar cualquier demora a las condiciones de vida en buena parte del país", a pesar de que el acuerdo formulado este martes no ha podido incluir aún una cuantificación precisa de los daños, por lo que una vez se haga una estimación definitiva se procederá a aprobar en el seno del Consejo de Ministros un nuevo acuerdo con mayor concreción.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido este martes al Gobierno de la Nación que haya decidido declarar a la capital como zona catastrófica tras el paso del temporal 'Filomena'. "Hace lo correcto", ha subrayado.
Aunque en un primer momento el Gobierno mostró reticencias a adoptar esta medida, el lunes 11 ya se mostró dispuesto a estudiarla, eso sí, defendiendo la necesidad de "no anticiparse" y de centrar primero los esfuerzos en minimizar los estragos del temporal y garantizar los servicios públicos y de abastecimiento, incluyendo los sanitarios y las vacunas contra la covid-19.
Esta medida está contemplada en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y el Gobierno puede aprobarla de oficio, sin que recibir petición formal por parte de los territorios afectados.