La Abogacía del Estado estudia pedir el indulto a los golpistas del 1-O por sedición y no por malversación

La Abogacía General del Estado estudia pedir el indulto para los golpistas del 1-O por el delito de sedición y no por el de malversación. El Tribunal de Cuentas fijó en 4,1 millones la cantidad malversada en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel por sedición en concurso medial con malversación; los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull a 12 años de prisión por los mismos delitos; y a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull se les impuso penas de 10 años y 6 meses de prisión sólo por sedición.

El expresidente de ANC, Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron condenados a 9 años de prisión por sedición, mismo delito por el que fue condenada la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, a 11 años y 6 meses de prisión. Finalmente, los otros tres exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs fueron condenados por un delito de desobediencia.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que la Abogacía baraja solicitar el indulto sólo por sedición, aunque no sería la única posibilidad que se estudia. "Sería un escándalo que la Abogacía que se personó en la causa del 1-O por la malversación, pidiese el indulto por este delito, a pesar de que los condenados aún no han satisfecho el dinero malversado", afirman.

En este sentido, el artículo 4 de la Ley del indulto apunta que esta medida de gracia puede ser total o parcial: "Será indulto total la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente. Será indulto parcial la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas en que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía el delincuente".

Mientras, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, apodada como "la cubana" por su apellido y cercanía al Gobierno social-comunista, ha impuesto el secretismo respecto al informe sobre los indultos, que se da por hecho será firmado por Rosa María Seoane. Dicha abogada del Estado participó en el juicio del 1-O tras la purga de Edmundo Bal. A pesar de que el Supremo todavía no ha dado traslado a la Abogacía sobre la tramitación del indulto, no se descarta que ya se esté trabajando en el citado informe.

Las mismas fuentes apuntan que todavía no hay ninguna decisión tomada y que la opción de indultar la sedición y no la malversación "sería un mal intento de maquillar la lamentable actuación de la Abogacía del Estado en la causa del 1-O. De hecho, se pediría el indulto para el delito más grave por el que han sido condenados los acusados que es la sedición".

Cabe destacar, el informe favorable de la Abogacía General del Estado a indultar la sedición podría convertirse en la "única coartada jurídica" del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar justificar los indultos, tras la negativa de la Fiscalía y el previsible rechazo del Supremo.

La Fiscalía ya ha rechazado los indultos

En diciembre, tal y como avanzó LD, la Fiscalía rechazó con dureza la concesión de la medida de gracia a los 12 condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los informes del Ministerio Público son preceptivos, pero no vinculantes, al igual que el que tendrá que emitir el Tribunal Supremo.

La Sala Penal que preside el magistrado Manuel Marchena previsiblemente también rechace los indultos, tras revocar recientemente el tercer grado concedido a los golpistas y la aplicación del artículo 100.2 de semilibertad del régimen penitenciario. Por su parte, Vox que a priori durante la tramitación de los indultos tiene poco margen de maniobra al ser la acusación popular, ha presentado un escrito de alegaciones ante la Sala Penal del Supremo haciendo constar su rechazo absoluto a esta medida de gracia.

Según publicó este diario, el Gobierno de Pedro Sánchez no tendrá la última palabra en la concesión de los indultos a los golpistas del 1-O, ya que podrán ser recurridos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.