El Gobierno ha recurrido el acuerdo de la Junta de Castilla y León que limita la movilidad en la comunidad autónoma desde las 20.00 horas con el objetivo de doblegar la tercera ola del Covid-19.
El Ejecutivo ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. En este acuerdo se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprobó este viernes 15 de enero el acuerdo por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, desde las 20 horas. Dicho acuerdo fue publicado en una edición extraordinaria del Boletín de Castilla y León este sábado 16 de enero y entró en vigor ayer.
El Gobierno considera que la regulación contenida en el acuerdo vulnera el real decreto 926/2000, que, al declarar el estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 horas y las 6:00 horas, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial "que la hora de comienzo de la limitación prevista sea entre las 22:00 horas y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas".
Al fijar Castilla y León como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el Gobierno asegura que el acuerdo "infringe nítidamente" la regulación mencionada, sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de "modulación" que tanto el artículo 10 del real decreto 926/2000 como la disposición transitoria única del real decreto 956/2000 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación "comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no, como es el caso, de intensificarlas o agravarlas".
Para el Ejecutivo, se trata, en consecuencia, de "una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma definido en el real decreto 926/2000".
Castilla y León lo mantiene en vigor
La Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que mantiene vigente el toque, "en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley", además de lamentar que el Gobierno trate de "obstaculizar" una norma que tiene como "único objetivo" "proteger" la vida y la salud de las personas y "reducir lo más posible" el daño a la economía.
En este sentido, y ante el recurso anunciado por el Ministerio de Sanidad contra el acuerdo sobre el toque de queda, el Gobierno autonómico recuerda que la situación epidemiológica y sanitaria es de "extrema gravedad" en Castilla y León y en el conjunto de España. "La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad", recoge el comunicado remitido a Europa Press.
Además, señala que la decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas está amparada, "según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León", en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del real decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades.
"Contempla su disposición transitoria única sobre la 'Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno' expresamente lo siguiente: la medida prevista en el artículo 5 del real decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión", añade.
En este sentido, considera que deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia.
Por otra parte, reclama "una vez más" al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, "si es que discute los existentes", que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas. "Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías", explican.
Por último, reitera que el toque de queda a las 20.00 horas sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley, a la vez que insiste "encarecidamente" a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta "grave" tercera ola de la pandemia.
Illa admitió la posibilidad de un adelanto
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, abrió este sábado la puerta a la posibilidad de adelantar el toque de queda fijado actualmente, en el decreto del estado de alarma con restricciones de movilidad nocturna, aunque descartó el confinamiento domiciliario. "Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo".
En una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Barcelona, indicó que el Ejecutivo central "nunca se ha negado a escuchar y a valorar esta posibilidad", pero que es necesario hacerlo con las máximas garantías jurídicas para no limitar derechos humanos, en sus palabras.
"El Gobierno de España siempre va a estar a favor de cualquier medida que sea eficaz para doblegar la tercera ola. Ahora bien, todas las medidas se tienen que adoptar con la adecuada cobertura legal", explicó. Illa aseguró que está en constante contacto con los gobiernos autonómicos: "Vamos a ejercer este liderazgo compartido, estoy en diálogo con las comunidades autónomas, las vamos a seguir escuchando".